A seis días de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado el Gobierno, presentó su agenda legislativa en materia de Derechos Humanos, justicia, memoria y reparación.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dio a conocer las cinco materias que, en el marco del 11 de septiembre, comprenden los nuevos proyectos y acciones que esperan llevar a cabo «para construir una forma de convivencia centrada en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas».
Las materias son: calificar jurídicamente a los austentes por desaparición forzada, tipificar los delitos por desaparición forzada y ejecución extralegal, levantar el secreto Valech para apoyar el Plan Nacional de Búsqueda, elaborar una política nacional de memoria y patrimonio y eliminar las denominadas leyes secretas.
LAS CINCO MATERIAS DEL GOBIERNO
Calificación jurídica de ausente por desaparición forzada
Elizalde explicó escuetamente que a través de la creación de esta calificación se podrá crear un registro especial en que se denominen a las personas que sufrieron una desaparición forzada.
El padrón deberá ser llevado a cabo por el Registro Civil.
Tipificación por delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal
El ministro de la SEGPRES mencionó que respecto a este punto ya se han presentado mociones.
No obstante lo anterior a través de la iniciativa el Estado de Chile incorporará a la legislación nacional marcos previamente establecidos en la Comisión Interamericana por Desaparición Forzosa de Personas y la Comisión Internacinal para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas.
De esa manera, Chile podrá poner «al día nuestro marco jurídico conforme a los compromisos internacionales suscritos».
Levantamiento del secreto de la Comisión Valech para el Plan Nacional de Búsqueda
La explicación de este punto lo llevó a cabo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
Consiste fundamentalmente en que el equipo que elabore el Plan Nacional de Búsqueda pueda tener acceso a la información contenida en los Informes Valech I y II, bajos los mismos términos que actualmente los tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
«La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer», puntualizó Cordero enfatizando luego en que finalmente el revelar el secreto «descansa en la voluntad de las víctimas y sus herederos».
Es decir, las personas involucradas son quienes voluntariamente deciden si es que el equipo del Plan Nacional de Búsqueda puede acceder a ese secreto con el fin único de ocuparlo para esa iniciativa.
«El Plan Nacional de Búsqueda requiere de mucha información, la que se encuentra acá es una información más, pero Plan Nacional de Búsqueda es autónomo en sí mismo además», acotó el ministro de Justicia y DD.HH.
Política Nacional de Memoria y Patrimonio
La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Carolina Arredondo, explicó esta materia que lo que busca es establecer una mesa técnica a través de la cual se pueda terminar de formular una política de memoria y patrimonio.
Además, buscará mejorar el mecanismo y el sistema de financiamiento de los sitios de memoria, junto con el fortalecer las regulaciones de los sitios de memoria y memoriales «con perspectiva siempre de educación y divulgación en materia de Derechos Humanos», acotó.
«Actualmente tenemos un sitio de memoria reconocido en cada región, pero eso no es suficiente», señaló Arredondo. Teniendo eso en cuenta la mesa técnica buscará «levantar necesidades» y «establecer el diálogo con todos los actores involucrados en la materia».
Eliminación de las leyes secretas
Una ley secreta es una norma legal que, intencionalmente no se hace pública. Son dictadas bajo carácter reservado o de circulación restringida.
En el caso de Chile, existen y fueron levantadas desde 1973 hasta 1990: «Vamos a poner fin a estas leyes secretas», sentenció el ministro Álvaro Elizalde.
VIOLENCIA POLÍTICO SEXUAL EN DICTADURA
Junto a lo anterior, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana se dio el espacio para » recalcar la importancia que tiene tanto la política de memoria como también el relevar la información disponible en la Comisión Valech». Porque hay días en que la violencia político sexual en Dictadura se habla como si fuera «una leyenda urbana».
En ese sentido «es bueno recordar que más de 3.000 mujeres atestiguaron haberla sufrido, pero que los propios comisionados Valech señalan en su informe que esto probablemente es una cifra mucho mayor». Por lo que el Gobierno está «dando las posibilidades para quienes en su momento no pudieron declarar algo que no tiene muchas veces nombres, pueda ser conocido por la sociedad para que nunca más ocurra».
La violencia de este tipo se encuentra tipificada en el Informe de la Comisión Valech en el Capítulo V «Métodos de tortura: definiciones y testimonios». Allí en el punto final del apartado se encuentra un segmento que da cuenta de lo mencionado por la ministra Orellana.
«Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5 %
de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi
todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de
edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de
mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido».
