En medio de las gestiones con las bancadas del Congreso, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno ingresó oficialmente al Senado su tan esperada reforma política, un proyecto que busca abordar la creciente fragmentación del sistema y establecer nuevas reglas para la constitución de partidos y funcionamiento parlamentario.
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La iniciativa —elaborada junto a la ministra (s) de la Segpres, Macarena Lobos— busca avanzar en una legislación de carácter legal, evitando materias de rango constitucional, con el objetivo de viabilizar un consenso legislativo en el corto plazo. Según explicó Elizalde, el proyecto endurece los requisitos para la formación de nuevos partidos, en línea con los llamados a fortalecer la institucionalidad y frenar la proliferación de colectividades de escasa representatividad.
Uno de los principales cambios es que, de aprobarse la reforma, los partidos deberán contar con presencia en al menos ocho regiones. Pueden ser contiguas o no, en lugar de las tres contiguas exigidas actualmente. Además, se duplicará el número de firmas requeridas para su inscripción legal. Revirtiendo la flexibilización que se aplicó durante el proceso de refichaje hace algunos años.
Otro punto clave es la inhabilidad temporal para quienes intenten fundar un partido político. Quienes inicien ese proceso no podrán postularse por otras colectividades durante los siguientes cuatro años. Esto, independiente de si la recolección de firmas prospera o no.
EL PROYECTO
En el ámbito parlamentario, el proyecto busca dar rango legal al funcionamiento de los comités. Estableciendo que los electos por un partido —sean militantes o independientes patrocinados— deberán integrarse obligatoriamente a su comité respectivo. Asimismo, el financiamiento público solo será entregado a los partidos que hayan participado efectivamente en elecciones parlamentarias.
Pese a su alcance, Elizalde enfatizó que estas nuevas reglas no se aplicarán en las elecciones de este año. El proyecto incluye normas transitorias que aseguran su implementación posterior al ciclo electoral en curso.
