El Gobierno respaldó la designación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que el Ministerio Público abriera una causa para indagar eventuales delitos vinculados a conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, y que el Partido Socialista (PS) cuestionara que se mantenga su nombramiento «mientras existen investigaciones en curso sobre hechos de alta gravedad que podrían comprometer la probidad y la credibilidad de la representación diplomática del país».
El diputado Daniel Manouchehri expuso a través de su cuenta en X (exTwitter) que la colectividad «solicita la suspensión inmediata de Gabriel Zaliasnik como embajador y un pronunciamiento del gobierno».
Desde el Ejecutivo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que «la investigación no modifica las decisiones que se han tomado».
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«Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto», agregó.
Ante las insistencias de la prensa, el canciller reiteró que «esto es una investigación que se ha iniciado recién, y somos muy respetuosos del Ministerio Público y los tribunales de Justicia. Y no voy a opinar más al respecto».
«EVENTUALES DELITOS»
La investigación contra Zaliasnik se abrió luego de que el Ministerio Público acogiera una denuncia presentada por la senadora socialista Daniella Cicardini y el diputado Manouchehri a raíz de antecedentes surgidos de conversaciones entre el actual embajador en Israel y el abogado Luis Hermosilla.
En ella solicitaron investigar eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.
Entre los antecedentes incluidos figuran una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados del Estado con el fin de financiar una defensa penal privada; gestiones relacionadas con honorarios en ENAP mientras existía un contrato con la empresa estatal; eventuales intervenciones en nombramientos judiciales y solicitudes de interceptación de comunicaciones sin autorización judicial.
Hoy la Fiscalía informó a través de un comunicado de prensa que la investigación se abordará con la Unidad Regional Anticorrupción, que ya se encuentra decretando las primeras diligencias.
