Este sábado 9 de noviembre la banca de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una denuncia ante la Contraloría contra la Presidencia de la República para que fiscalice una licitación por trato directo que costó más de $400 millones y que contempla realizar una feria navideña en el Estadio Nacional.
En conversación con Está Pasando, desde la oficina presidencial explicaron que «la fiesta de navidad de la Presidencia es una actividad para niños y niñas que tradicionalmente han realizado todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. Su financiamiento se contempla en la ley de presupuesto de cada año».
Además, aclararon que de acuerdo a la normativa vigente «esta contratación se puede realizar vía trato directo, y así lo han hecho normalmente los distintos gobiernos». Asimismo, afirmaron que los montos para la actividad de este año 2024 son similares a los de años anteriores «debido a las características del evento».
Lea también: Colmed emplaza al Gobierno por falta de recursos en salud y la crisis hospitalaria
En el requerimiento levantado por los diputados de RN se consignó que las adjudicaciones de años anteriores se han realizado durante el mes de diciembre y no con la misma anticipación que se realizó este año. En cuanto a los montos, en 2022 la compra se realizó por $381.669.729, mientras que en 2023 fue de $360.000.000.
ACUSAN AL GOBIERNO DE «ABUSAR DEL TRATO DIRECTO»
Los parlamentarios acusaron al Gobierno de «abusar del trato directo», puesto que argumentan que aún hay tiempo para realizar una licitación pública.
Apuntaron contra la millonaria adjudicación que obtuvo la empresa «Onelevenpro Spa» por un monto de $428.300.129. Estas cifras serán pagadas con fondos de la Presidencia y contempla la realización de una Feria Navideña en el Estadio Nacional.
Los diputados Ximena Ossandón y Hugo Rey, jefa y subjefe de la bancada de RN, solicitaron a la nueva contralora Dorothy Pérez su pronunciamiento sobre la legalidad de esta actividad.
Además, cuestionaron que la empresa tenga solo «adjudicaciones por parte de la Presidencia de la República y dentro de la actual Administración de Gobierno».
También criticaron que la justificación de la elevada suma se corresponda por ser una actividad oficial de la Presidencia que tendrá que contar con gastos por representación, protocolo y ceremonial por la participación del Presidente Gabriel Boric.
A juicio de los parlamentarios, estos costos representan «un subterfugio legal con el propósito de eludir la realización de una licitación pública».
Además, recordaron que la ley establece que «toda contratación que supere las 1.000 UTM (unos $66.5 millones) debe realizarse mediante licitación pública».
