El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al intercambio que realizaron la Fundación Salvador Allende y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para pagar una deuda que se comenzó a acumular desde 2004.
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Según constató El Mercurio, la resolución N° 122 del Serviu, de 22 de marzo del 2004, estableció la venta directa del Palacio Heiremans a la fundación por UF 27.493 —cerca de mil millones de pesos— en 10 cuotas de UF 2.749,30.
El inmueble se encuentra en Santiago, en Av. República 475, y sus dependencias son la sede de la fundación, así como la del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Sin embargo, los problemas de pago comenzaron al año siguiente de la adquisición, y la resolución N° 532 del Serviu, de octubre de 2005, modificó el acuerdo a 20 cuotas anuales de 1.374,65 UF, las cuales devengarán interés.
A pesar de los múltiples cambios, la deuda continuó por años. En octubre de 2015, la fundación manifestó la intención de pagar la deuda —la cual ascendía a $566.924.113— mediante cuadros tasados por la misma entidad en 830.000 dólares aproximados, unos $600 millones. Aunque también el oficio 793 del Serviu, de noviembre de 2015, adjuntó la tasación de las obras realizada por la curadora Gloria Cortés, del Museo Nacional de Bellas Artes, la que valorizó las obras por US$ 800.000, equivalentes a cerca de $580 millones de la época.
Así, se concretó el acuerdo. Sin embargo, a ocho años del acuerdo, las obras aún no están en manos del Serviu.
ELIZALDE Y FUNDACIÓN ALLENDE
Al respecto, el ministro del Interior — y militante del Partido Socialista— Alvaro Elizalde dijo que «tengo entendido que el contrato es del 2004 y la dación de pago es del año 2016 o 2017. Por tanto, son decisiones que se tomaron en administraciones anteriores conforme lo que establece nuestro ordenamiento jurídico».
En esa línea, agregó que «no es una decisión que se haya tomado bajo la actual administración. Se tomó hace siete, ocho años atrás la dación de pago. Esta dación de pago, sí es una figura que está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y fue una decisión que se tomó por las autoridades desde aquel entonces. Y al respecto, no mucho más lo que pueda deber dar respecto a los antecedentes que ya se han hecho públicos por parte del Ministerio de Vivienda«.
