El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se encuentra en el centro de una creciente controversia por el manejo de la investigación del caso ProCultura, la causa que indaga el desvío de más de 6 mil millones de pesos a través de convenios con reparticiones públicas en distintas regiones del país. A la espera de que se liberaran los antecedentes tras el fin del secreto legal de la investigación, los abogados defensores y querellantes del caso recibieron recién este martes una notificación que autorizaba la entrega de copias de la carpeta investigativa, 22 días después del plazo legal estipulado.
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La dilación en la entrega ha despertado críticas entre los intervinientes, quienes acusan trabas administrativas y retrasos reiterados en la comunicación con la Fiscalía. Según el Código Procesal Penal, el secreto de la investigación puede mantenerse por 40 días, prorrogables una sola vez con fundamentos. En este caso, sin embargo, la reserva se ha extendido por meses, en parte debido a que la causa no está agrupada bajo un solo Rol Único de Causa (RUC), sino dispersa en varias regiones, lo que ha permitido que el equipo de fiscales –liderado por Cooper e integrado también por Eduardo Yáñez y Ricardo Soto– intercale los plazos de reserva entre una arista y otra.
ACUSACIONES POR MANEJO RESERVADO Y PRESIONES DESDE LA MONEDA
Según la publicación del Diario La Tercera, desde que el fiscal nacional Ángel Valencia le asignó la causa a Cooper, tras la salida del suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el persecutor ha expandido su investigación en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes. Sin embargo, su estilo reservado y las prolongadas restricciones al acceso de la carpeta investigativa han suscitado tensiones tanto en el mundo político como judicial.
Uno de los episodios más controversiales se produjo tras la solicitud del abogado defensor de Irina Karamanos, Jorge Cabrera, quien pidió acceso a la carpeta tras el término del secreto legal. La respuesta de la Fiscalía fue que Karamanos ya no figuraba como imputada, sino como testigo, por lo que no tenía acceso al expediente completo.
Paralelamente, Cooper enfrenta una solicitud de remoción ante la Corte Suprema por parte de diez diputados oficialistas, quienes lo acusan de negligencia manifiesta en el caso Sierra Bella, que investiga a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. En ese contexto, se le reprocha haber autorizado una incautación en el domicilio de la diputada Karol Cariola cuando esta se encontraba dando a luz, así como no haber protegido adecuadamente conversaciones privadas obtenidas durante la indagatoria.
SOSPECHAS DE ESPIONAJE Y MEDIDAS JUDICIALES CONTROVERSIALES
La polémica se intensificó la semana pasada, cuando se reveló que Cooper habría solicitado la interceptación del teléfono de Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de La Moneda. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, lo que generó cuestionamientos por el posible uso de un tribunal alejado del epicentro político del caso para obtener diligencias de alto impacto.
Según reportes de prensa, Cooper también habría intentado incautar los teléfonos de la exsenadora Isabel Allende, la ministra Maya Fernández y otros asesores gubernamentales involucrados en la revisión de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esas solicitudes fueron rechazadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Además, un reportaje de Ex-Ante reveló que entre los objetivos de las interceptaciones podría haber estado el propio Presidente Gabriel Boric, lo que detonó una ola de críticas desde el oficialismo.
El diputado Jorge Brito (FA) acusó un posible “espionaje político”, mientras su compañera Javiera Morales advirtió que se habría puesto en riesgo la “seguridad nacional”. Desde el Partido Socialista, el jefe de bancada Juan Santana calificó el actuar de Cooper como “temerario e inconstitucional”, y exigió al fiscal nacional tomar medidas, advirtiendo que, de no hacerlo, se podría solicitar su remoción. El secretario general del PS, Camilo Escalona, también expresó su preocupación por lo que calificó como una “posición supraestatal” de algunos fiscales.
COOPER SE DEFIENDE: “¿POR QUÉ SE CUESTIONA AHORA?”
El fiscal Cooper ha guardado silencio público, salvo por una declaración el lunes pasado, donde señaló: “Me llama mucho la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan las intervenciones telefónicas respecto del narcotráfico o el terrorismo”. La frase provocó incomodidad en La Moneda, al considerar que el fiscal equiparó al exasesor Crispi con delincuentes de alta peligrosidad.
En el Ministerio Público, sin embargo, existen sectores que respaldan a Cooper, destacando su control sobre la causa y la ausencia de filtraciones hasta ahora. Fuentes internas aseguran que su solicitud para interceptar a Crispi fue respaldada con fundamentos sólidos, y que el juez que la autorizó actuó conforme a derecho.
SE ACERCA LA HORA CLAVE DEL CASO PROCULTURA
Pese a las críticas, en la Fiscalía aseguran que la estrategia de Cooper apunta a evitar filtraciones en un caso que podría tener repercusiones políticas de gran alcance. Se anticipa que, cuando finalmente se levante el secreto y se entreguen las carpetas a las partes, podrían surgir nuevas formalizaciones, incluyendo a la cúpula de la Fundación ProCultura –liderada por el siquiatra Alberto Larraín–, a varios gobernadores regionales y a eventuales involucrados en financiamiento irregular de campañas políticas.
La Corte Suprema deberá decidir si da curso o no a la solicitud de remoción del fiscal Cooper. Aunque en el pasado ha rechazado otras peticiones similares, el nivel de exposición pública y la sensibilidad de los antecedentes hacen que el desenlace de este caso sea incierto. En paralelo, el Ministerio Público, La Moneda y el Congreso observan con atención el devenir de una causa que ha puesto al sistema político y judicial en máxima tensión.
🔴 Carmen Hertz informa que se juntaron las firmas para solicitar la remoción del Fiscal Patricio Cooper ante la Corte Suprema.
Esto tras las filtraciones de conversaciones entre la diputada Karol Cariola e la ex alcaldesa Irací Hassler.
La diputada Hertz da cuenta que la… pic.twitter.com/Zb9yFxGwjv
— Roberto Kiltro (@RobertoMerken) March 18, 2025
