«Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años», aseveró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto de la llamada ley de amarre, que en realidad es la ley de reajuste del sector público, que se discute en el Congreso.
«Sería difícil de entender que con toda este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo», agregó el secretario de Estado respecto de las suspicacias frente al acápite que limitaba o endurecía las reglas para despedir o no renovar contratos de funcionarios públicos a contrata y les permite acudir a la Contraloría General de la República (CGR) cuando consideraran que una no renovación o despido era ilegal.
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A su juicio, «se está discutiendo desde una manera que nunca se había discutido y se están cuestionando cosas que siempre han sido así y que nunca se habían cuestionado».
Además, destacó que por primera vez «se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas».
REAJUSTE AUSTERO
En conversación con radio Duna, el ministro valoró el proceso de esta legislación en el Congreso. Dijo que, “más allá de las diferencias que han existido, creo que es importante resaltar el trabajo constructivo a la hora de votar en la comisión”.
Además Grau, subrayó que el reajuste acordado es «bajo en montos. Uno tiene que remitirse unos 8 o 10 años atrás para encontrar uno similar”, Recalcó también que el debate no se aleja de lo que históricamente ha sido la discusión en esta materia.
