Este viernes, gremios del Poder Judicial de Chile expresaron su preocupación por la implementación del Plan de Ajuste Fiscal, el cual incluye una rebaja transversal del 3% del gasto público. Cabe precisar que el escrito está firmado por ANEJUD, APRAJUD, ANCOT, ANFUCAPJ y OTJ.
A través de una declaración, alertaron sobre los efectos que dicha medida puede generar en el funcionamiento del sistema de justicia. Esto, considerando el grave déficit de dotación de personal, el que impacta directamente en el funcionamiento de las unidades judiciales y la respuesta efectiva a la ciudadanía.
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GREMIOS DEL PODER JUDICIAL EN ALERTA
En esa línea, indicaron que “estas medidas, aplicadas al ámbito judicial, no solo afectan la gestión administrativa, sino que inciden directamente en la función jurisdiccional, generando sobrecarga estructural, retrasos en la tramitación de causas y deterioro en la calidad del servicio de justicia”.
“Asimismo, esta situación tensiona de manera relevante las condiciones laborales, pudiendo afectar la salud física y mental de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del sistema, lo que resulta incompatible con los estándares mínimos de protección en el trabajo y con una administración de justicia moderna y eficiente”, agregaron en el escrito.
Junto con ello, declararon que “las medidas de ajuste fiscal, en la forma planteada, no pueden ser implementadas sin un análisis diferenciado del Poder Judicial, atendida su naturaleza constitucional y su rol en la garantía de derechos fundamentales”.
Además, “la aplicación de recortes presupuestarios que afecten la capacidad operativa del sistema de justicia compromete directamente el acceso a la justicia de la ciudadanía. Especialmente de los grupos más vulnerables”.
Por último, precisaron que “la ausencia de una evaluación de impacto específica para el Poder Judicial constituye un riesgo institucional que debe ser abordado con urgencia”.
Cabe precisar que las asociaciones gremiales manifestaron su disposición para contribuir en el proceso. Esto, para “compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la continuidad y calidad del servicio de justicia”.
