Como “un hito más en la persecución” de la que dice ser objeto calificó la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) el requerimiento presentado por seis concejales de la comuna ante el Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana para inhabilitarla por cinco años para ejercer cargos públicos.
“He enfrentado diversas instancias que no han derivado en ninguna responsabilidad penal ni administrativa en mi contra, por lo que estamos ante el uso instrumental de este procedimiento electoral con el fin de obstaculizar mi legítima aspiración de continuar aportando al país desde la política nacional y eventualmente desde el Congreso”, dijo a La Tercera la exjefa comunal.
Según la acusación hay cinco casos que configurían un actuar reiterado y negligente de parte de la exautoridad comunal.
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Entre ellos, supuestas irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), la cuestionada compra frustrada de la Clínica Sierra Bella, la entrega anticipada y sin respaldo contractual de tarjetas de alimentos, la ausencia a las sesiones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y una planificación presupuestaria 2025 “sin respaldo técnico suficiente”.
«EVITAR LA IMPUNIDAD»
Solicitan que el Segundo Tribunal Electoral Regional (TER) declare que Hassler no pueda ejercer ningún cargo público durante cinco años, aludiendo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y con esto inhabilitarla.
Los concejales son Luis Fernando Mackenna, Carolina Prieto, Vicente Martínez y María José Ramírez (Republicanos), además de Santiago Mekis y Juan Mena (ambos RN).
El escrito plantea que, si bien ya cesó en su cargo, las acciones cometidas durante su mandato en la municipalidad de Santiago ameritan una sanción de ese tipo para “proteger la integridad de la administración pública” y “evitar la impunidad”.
“La renuncia no exime de responsabilidad”, afirma el texto, que insiste en que los hechos descritos constituyen infracciones al principio de probidad y un abandono reiterado de funciones que “afectaron gravemente el patrimonio y la actividad municipal”.
