Desde la Cárcel Anexo Capitán Yáber, el abogado Luis Hermosilla arremetió contra el Ministerio Público y denuncia a fiscales por la filtración de sus chats con el ex fiscal Manuel Guerra y los mensajes que destaparon el denominado Caso Audios.
Este miércoles, el controversial abogado recibió la visita de un notario público con el objetivo de concretar la firma de un “mandato amplio” de parte de Hermosilla a su hermano, y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla.
Dicho trámite es fundamental para la última arremetida judicial que está llevando adelante el penalista en prisión preventiva y su defensa, quienes ingresaron el pasado lunes una denuncia por las filtraciones de los chats de Hermosilla durante la investigación que comenzó en marzo del 2023.
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La denuncia
La denuncia presentada por Juan Pablo Hermosilla, consta de de 25 páginas en la cual el abogado detalla una a una las publicaciones de prensa que han revelado las conversaciones de su hermano y que -sostiene- no guardan relación con la causa principal del caso Audio.
En concreto, la acusación apunta a los fiscales regionales Lorena Parra (Oriente), Mario Carrera (Arica), Carmen Gloria Wittwer (Los Lagos) y todos los funcionarios de la Fiscalía Nacional que han tenido acceso a la información.
Por lo mismo, la defensa de Hermosilla plantea que esas conversaciones, que han derivado en nuevas investigaciones, estaban bajo el resguardo del Ministerio Público al estar dentro del equipo incautado al penalista.
Desde la Fiscalía confirmaron que se recibió la denuncia, pero que hasta el cierre de esta edición aún no se asigna a un persecutor a cargo de la indagatoria.
Posible querella
Una denuncia contra los fiscales no es lo único que interpondría el abogado Hermosilla, si no también una querella apuntando a que el Ministerio Público, y sus funcionarios, han cometidos delitos como el de revelación de secreto y obstrucción a la justicia, tras revelarse los chats en la prensa.
Acción judicial en la que -señalan conocedores- la defensa del abogado pediría penas de crimen -cárcel efectiva-, ya que se habría infringido el secreto de la una investigación por lavado de activos.
