Human Rights Watch (HRW) instaló una señal de alerta temprana sobre el próximo ciclo político en Chile. Juan Pappier, subdirector de la División de Américas del organismo, destacó en Cooperativa que el país ha mantenido una política exterior “ejemplar” en materia de derechos humanos durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero advirtió que la organización seguirá “muy atenta y vigilante” ante lo que ocurra con la administración del Presidente electo José Antonio Kast.
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El representante internacional sostuvo que, pese a que Chile no tiene un historial impecable, su postura internacional en los últimos años ha marcado una diferencia relevante en América Latina: condenar violaciones de derechos humanos sin importar la ideología de quienes las cometen. Para HRW, esa línea ha sido clave para romper con prácticas del pasado asociadas a visiones más rígidas y polarizadas, donde los derechos humanos se evaluaban según afinidades políticas.
Sin embargo, el tono cambió al proyectar el escenario con Kast. Pappier afirmó que el organismo observa con atención el rumbo que tomará el próximo Gobierno, sugiriendo que Chile podría enfrentar una etapa decisiva respecto de su rol regional y su compromiso con estándares democráticos.
EL “FACTOR BUKELE” Y EL RIESGO DEL AUTORITARISMO EFICIENTE
En paralelo, Pappier abordó el fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador como un ejemplo de advertencia para América Latina: el éxito en seguridad puede transformarse en un atajo autoritario cuando la política tradicional fracasa en entregar soluciones concretas.
Según explicó, la popularidad de Bukele no surgió de la nada, sino del desgaste de una democracia incapaz de enfrentar la violencia, la pobreza y la corrupción. En ese contexto, subrayó que la “irresponsabilidad de los políticos” al ignorar esos problemas termina abriendo espacio para liderazgos que ofrecen orden a cualquier costo.
Pappier afirmó que El Salvador redujo de manera drástica los homicidios y alcanzó tasas comparables a las de países europeos, pero advirtió que ese resultado tuvo un costo elevado: el Gobierno debilitó las instituciones, deterioró la democracia y acumuló graves denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas en las cárceles.
UN MENSAJE DIRECTO: SEGURIDAD SÍ, PERO CON LÍMITES DEMOCRÁTICOS
HRW no solo analizó el escenario chileno, sino que lanzó una advertencia para toda la región: las democracias deben mejorar la seguridad sin recurrir a abusos ni permitir que un solo líder concentre el control del Estado.
En esa línea, Pappier subrayó que los gobiernos democráticos y, especialmente Chile al iniciar un nuevo ciclo político, deben enfrentar el crimen organizado con políticas eficaces, pero siempre respetando los derechos humanos y el Estado de derecho.
De este modo, HRW instaló una idea central: la seguridad no puede transformarse en una excusa para erosionar la democracia, y el futuro Gobierno de Kast será una prueba concreta de hasta qué punto Chile mantendrá sus estándares institucionales en un contexto regional marcado por el auge de políticas de “mano dura”.
