Política

INDH advierte obligaciones internacionales ante posibles indultos

Cristian Navarro H.

Periodista

INDH
Foto: Generado con IA
El Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que, si bien el Presidente tiene la facultad constitucional de otorgar indultos particulares, esta no puede ejercerse en casos de graves violaciones a los derechos humanos sin respetar los estándares internacionales

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refirió al anuncio realizado por el Ejecutivo sobre iniciar una revisión exhaustiva caso a caso para evaluar la eventual concesión de indultos particulares. Frente a ello, el organismo recordó que esta facultad presidencial tiene límites establecidos tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional.

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El INDH señaló que el ordenamiento constitucional y legal chileno contempla la posibilidad de otorgar indultos particulares en determinadas circunstancias. Sin embargo, advirtió que esta atribución no es absoluta, especialmente cuando se trata de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.

CRÍMENES GRAVES DEBEN SER INVESTIGADOS Y SANCIONADOS

Según explicó la institución, los estándares internacionales obligan al Estado a prevenir, investigar y sancionar de manera adecuada delitos especialmente graves, como la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales están prohibidos de manera absoluta.

En esa línea, el organismo subrayó que conceder un indulto en estos casos antes del cumplimiento de una parte sustantiva de la condena podría vulnerar dichas obligaciones internacionales y eventualmente generar responsabilidad para el Estado de Chile.

IMPACTO EN VÍCTIMAS Y EN LA CONFIANZA PÚBLICA

El INDH también advirtió que decisiones de este tipo pueden tener consecuencias relevantes en términos sociales y de justicia. En particular, enfatizó que la eventual concesión de indultos por violaciones graves a los derechos humanos podría afectar a las víctimas, sus familiares y la percepción pública sobre la existencia de impunidad frente a estos delitos.

“La lucha por el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales exige un compromiso firme e inquebrantable con la justicia”, señaló el organismo, agregando que cualquier decisión en esta materia debe considerar tanto las obligaciones internacionales del Estado como el impacto que puede tener en la sociedad.

 

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