Las últimas horas han dejado al descubierto una doble maquinaria de la infamia. Por una parte se ha puesto en tela de juicio al país y sus instituciones, como consecuencia aparente de un manejo malicioso o irresponsable de niños haitianos ingresados ilegalmente. Por la otra y, en sentido contrario, se ha ido deconstruyendo el «show» político detrás de ese supuesto tráfico de menores.
En el ecosistema de la desinformación, como en la guerra y la politiquería, la verdad suele ser la primera víctima. Pero en este caso, fue el escudo que terminó por desmoronar una operación comunicacional diseñada para la alarma social.
Durante días, una campaña orquestada —nutrida por la arquitectura de bots, fotografías fuera de contexto y acusaciones de alta carga emocional— intentó instalar una premisa aterradora. El supuesto tráfico de niños haitianos hacia Chile con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. Sí, tal como lo lee.
La mentira
En redes sociales primero y luego en vocerías políticas, se «denunció» que autoridades del gobierno recién pasado habrían conocido y casi permitido que fueran ingresados a nuestro país cientos de niños provenientes de Haití, bajo la supuesta intención de reunificación familiar, pero donde la oscura realidad habría sido otra. Explotación sexual, tráfico de órganos y vaya a saber usted qué otro fin maligno se escondía.
Desde el propio presidente hacia abajo se levantaron alarmas y se instaló la indignación. No era una situación de urgente investigación. Lo hicieron parecer un hecho del cual recién tomaban conocimiento. Comisiones y coordinaciones que más parecían destinadas a buscar culpables que a encontrar a los niños supuestamente explotados, si es que estaban vivos.
El origen fue la «filtración» de un informe elaborado por la División de Fiscalización del Departamento de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República, que daría cuenta del ingreso ilegal con fines desconocidos de los señalados menores de edad. Ahí se armó toda una historia de intrigas y supuestos. Pero en realidad, se trataba de una auditoría interna a las instituciones del Estado chileno relacionadas con el ingreso de personas haitianas a nuestro país. El foco estaba puesto en el ingreso de niños y niñas de esta nacionalidad entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025.
Ahí se elaboraron las teorías malévolas con fines políticos que ahora se han vuelto en contra de sus autores. Tras la cortina de humo mediática, maliciosa, la realidad jurídica y material es radicalmente distinta.
Investigar, sí. Mentir, no.
¿Qué dice la auditoría?
Según el sitio infomigra, el informe habría concluido que «Existe una amplia base de casos para revisar. No se observó ilegalidad en el otorgamiento general de los permisos de reunificación familiar. Sí hubo debilidades graves de coordinación entre Sermig, PDI y la subsecretaría de la Niñez. Faltaron protocolos formales frente a situaciones críticas de niños/as. La calidad de la información de Sermig apareció debilitada por múltiples fallas de base de datos, como por no validar adecuadamente la información clave declarada por los solicitantes. En la PDI también se detectaron problemas de procedimiento y control migratorio. En las visitas a terreno se encontró una realidad más compleja que la que mostraban los registros».
¿Y el tráfico con fines diabólicos?
No hay nada de eso.
La burbuja del relato artificial se pinchó este viernes 19 de junio en Radio Universo. Fue el propio ministro de Defensa, Fernando Barros, quien tuvo que salir a contener el incendio que, en gran medida, sectores afines al gobierno habían atizado. Con una precisión que deja poco espacio a la ambigüedad, el titular de Defensa fue tajante:
«No hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos. Incluso más responsablemente, no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos».
El ministro no solo desestimó las acusaciones criminales, sino que blindó el procedimiento técnico, confirmando que la Policía de Investigaciones (PDI) ha documentado que los menores fueron entregados a adultos responsables con las debidas autorizaciones. Al efecto, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó que 33 de los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados ya fueron ubicados. «Están con sus familias, escolarizados y con salud »
Falta administrativa o crimen
Es imperativo para el ejercicio del periodismo serio, separar la paja del trigo. El propio ministro Barros admite que la gestión de reunificación familiar en administraciones anteriores careció de «fineza» y «sensibilidad», apuntando a la ausencia de un seguimiento (follow-up) riguroso sobre el destino final de estos menores.
Aquí radica el núcleo del engaño, al transformar un error administrativo, una omisión de control estatal que se debe investigar, en una conspiración criminal. ¿Es necesario investigar la falta de seguimiento de órganos del Estado acerca de esos niños? Sí. También sancionar si se determinan responsabilidades de control.
Equiparar la falta de seguimiento administrativo con el tráfico de órganos o la explotación sexual no es solo una imprecisión. Es una manipulación deliberada del dolor y la vulnerabilidad, diseñada para convertir la gestión migratoria en un arma de guerra ideológica. La filtración de los antecedentes, que el Ejecutivo mantenía bajo llave y que habrían estado disponibles desde hace meses, revela un timing estratégico. El uso de información sensible como moneda de cambio para un golpe mediático en lugar de una corrección institucional.
El costo de la mentira
Lo que hemos visto en los últimos días es el ejercicio de una «posverdad» tóxica. El daño no solo se inflige a quienes gestionaron las políticas públicas, sino que revictimiza a la comunidad migrante y erosiona la confianza pública en las instituciones y el país. Resulta revelador que gran parte de la discusión política haya omitido el contenido técnico del preinforme de Contraloría, un documento que, según antecedentes públicos, fue entregado a las autoridades correspondientes hace al menos dos meses.
Eso sí, la campaña de desinformación cumplió su objetivo inmediato. El titular de prensa, la indignación en redes sociales y la distracción del debate público. Pero la realidad, confirmada por el propio ministro de Defensa, deja en evidencia que cuando el periodismo y la política se cruzan en la frontera de la fabricación de noticias, la única víctima real es la veracidad.
No fue suficiente, difundir la mentira del «Chile está quebrado» que luego debieron eliminar porque se les volvió en contra. Ahora algunos parlamentarios de la UDI llegaron a pedir a las Naciones Unidas que se designara a una relatora para investigar este «caso de la máxima gravedad que el país».
Deriva del debate
Pareciera que ni siquiera leyeron el preinforme que elaboró la Contraloría para que se investigara la participación de órganos del Estado en el seguimiento de los niños ingresados legalmente bajo el amparo de una ley emanada del expresidente Sebastián Piñera, la Ley de Reunificación Familiar. Preinforme que, por lo demás, fue entregado a los servicios competentes de gobierno por lo menos hace dos meses.
Alcaldes y otras autoridades han reconocido que los niños que se han contactado están bien y a cuidado de adultos responsables. Ello, aunque bajo una precariedad que debiera avergonzarnos. Precariedad que algunos defienden aunque se trate de niños, como el diputado Javier Olivares (PDG) que ha llegado a decir que «Chile es para los chilenos y el resto no importa«, aunque sean niños. Para el parlamentario, los beneficios sociales debieran ser para connacionales y no extranjeros.
Es momento de que el debate migratorio recupere la altura necesaria. Chile no necesita «shows» mediáticos sobre tramas de horror inexistentes, sino una política de Estado que, con seriedad técnica y sin estridencias, se haga cargo de la complejidad de sus fronteras y de la dignidad de quienes las cruzan.
