Las consecuencias de la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno siguen generando controversia. En este contexto, el senador José Miguel Insulza (PS) ha exigido que se asuman responsabilidades.
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El Ejecutivo decidió desistir de la compra, que proyectó para establecer un museo, tras reconocer que podría violar la Constitución. Esto implicaba un pago cercano a mil millones de pesos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro, por la propiedad que perteneció a su abuelo.
Durante su visita al Polo Sur, el presidente Gabriel Boric afirmó que «no se busca hacer ningún negocio ni enriquecerse a expensas del Estado», asegurando que eso no sería tolerado. Además, defendió la integridad de la familia Allende, manifestando que las críticas en este sentido no se alinean con el objetivo de preservar el patrimonio.
En una entrevista con Radio Pauta, Insulza calificó la situación como un «gran error» y sugirió que la compra podría haberse realizado de manera adecuada después del 12 de marzo, cuando la senadora Isabel Allende ya no ocupaba su cargo y la ministra Maya Fernández tampoco estaba en funciones.
El senador consideró que la idea de tener casas-museo de Allende y del presidente Patricio Aylwin era interesante, pero lamentó que se haya convertido en un asunto problemático que requiere la identificación de responsables.
INCONSTITUCIONAL
La imposibilidad administrativa se le pasó al Ejecutivo, a las personas involucradas y a la Contraloría: la compra por parte del Estado para hacer una casa museo en la que fuera residencia del exPresidente Salvador Allende podría ser inconstitucional.
Da lo mismo que algunos hayan considerado que se pagaría un precio muy elevado por esa vivienda y por la del también exPresidente Patricio Aylwin (más de $2.200 millones en conjunto).
El punto es que la transacción involucra a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado socialista.
