El ministerio de Justicia envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo que hizo a la Fundación ProCultura y solicitó la disolución definitiva la entidad.
La investigación develó que la ONG no respondió de forma íntegra a los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023, y que tampoco se atendió a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado.
Eso ya es suficientemente grave, pero, peor que eso, habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios.
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Entre los años 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de sus gastos fueron a remuneraciones y honorarios, mientras que sólo el 29,65% al cumplimiento de su objeto social, expuso La Tercera.
Un ejemplo: en 2022 los gastos por salarios ascendieron a $ 1.980.841.722, y sólo $ 641.561.349 a los proyectos.
ALZAS DE SUELDOS
Según el documento emitido por el departamento de Personas Jurídicas del ministerio de Justicia, a cargo del análisis que recomendó su disolución, ProCultura infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además un falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.
Además, detectó alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones pagadas a ciertas jefaturas de los proyectos adjudicados a la fundación, al igual que en los ingresos que obtenían directivos y socios fundadores.
De este modo, la renta de Alberto Larraín, se precisó, entre 2018 y 2022 pasó de $29.700.000 en 2018 a $94.445.764 en 2022, y recibió en ese periodo $267.779.612.
Por su parte, Ilonka Csillagobtuvo $149.661.333 entre 2017 y 2022, pese a que durante un periodo estuvo fuera de la entidad.
María Constanza Gómez, exrepresentante legal de la fundación, pasó de recibir $950 mil en enero de 2017 a $ 4.500.000 hacia fines de 2022.
El director de proyectos José Gatica pasó de $1.2 millones en 2017 a $ 3.5 millones en diciembre de 2022. En el caso de la directora de Estudios María Teresa Abusleme, fue $1.2 millones a $ 3.5 millones entre julio de 2020 y julio de 2022.
Carla Piazzoli comenzó recibiendo $1.1 millones en 2019 a 2 millones en septiembre de 2022. Lorena Pérez, directora de Arquitectura, fue de $2 millones entre junio de 2019 y febrero de 2021, a obtener $ 3.5 millones a contar de julio de 2022.
«NO CONCUERDA CON EL ETHOS»
El escrito destaca que “analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta».
Añade que el gasto de ProCultura «no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública» y por eso pidió su disolución.
La ONG enfrenta, también, una indagatoria del Ministerio Público orientada a esclarecer la ocurrencia de distintos ilícitos.
