El anuncio del presidente Gabriel Boric sobre convertir Punta Peuco en un penal común volvió a abrir un debate que parecía cerrado: el tratamiento carcelario para los condenados por delitos de lesa humanidad. Pero la discusión no se quedó en lo penitenciario. Para José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, la decisión tiene más que ver con la campaña que con la política pública.
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“Esta medida no busca justicia ni seguridad, busca un legado político”, afirmó Kast, quien acusó al mandatario de actuar “a última hora” cuando restan poco más de cuatro meses para que deje La Moneda. “Si realmente le importara, lo habría hecho antes”, aseguró, insistiendo en que Boric está usando el debate para instalar un sello simbólico en el cierre de su gobierno.
El recinto —ubicado en Til Til y destinado históricamente a internos condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura— pasará a ser un penal común una vez que Contraloría tome razón del decreto, cumpliendo así una promesa del Presidente en su última Cuenta Pública.
Kast sostiene que el anuncio no impacta las preocupaciones reales de la ciudadanía y acusa que La Moneda “opera como sucursal de campaña”. Desde el oficialismo, en cambio, defienden que el cierre formal de Punta Peuco responde a un estándar democrático: ningún condenado por delitos de lesa humanidad debería recibir privilegios carcelarios.
La decisión reactivó tensiones entre memoria, justicia y política electoral. A semanas de las elecciones, Punta Peuco vuelve a ser símbolo y campo de disputa: para unos, un avance pendiente en derechos humanos; para otros, un gesto tardío y cargado de intencionalidad política.
