“Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”, fue la breve respuesta del presidente electo, José Antonio Kast, al ser consultado sobre la norma que incluyó el gobierno para restringir el despido de trabajadores en el reajuste público.
Esta va en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector.
Pero también representa un roce con una de las grandes promesas del futuro gobierno republicano, que es eliminar del cargo a los denominados “apitutados políticos” -que según el propio Kast y la colectividad- trabajan en el Estado.
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SOLO «MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO FUNDADO»
La enmienda del gobierno dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
Además establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda».
Del mismo modo, añade que «la Contraloría General de la República (CGR) sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.
Las declaraciones las hizo José Antonio Kast a la salida de la misa por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen.
