Esta mañana el presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley destinados a enfrentar la violencia escolar, que en las últimas semanas ha registrado graves hechos en establecimientos educacionales.
Las dos iniciativas están enfocadas en establecer medidas de control en los colegios y en endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos a su interior.
El primero tendrá cinco medidas. Una de ellas establece la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior. Es decir, entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
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Además figuran la revisión de mochilas o pertenencias de estudiantes y profesore y que los profesores puedan implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias con el fin de resguardar el normal desarrollo de las clases.
Además, buscará sanciones por interrumpir clases (en este aspecto apunta a episodios como las “salidas” convocadas en liceos emblemáticos), y prohibirá el uso de gorros, capuchas, pasamontañas o aquellas prendas que no permitan la identificación facial.
El segundo proyecto busca modificar el Código Penal para establecer una agravante por delitos cometidos en recintos educacionales.
VIOLENCIA NO TIENE COLOR POLÍTICO»
“Estas son medidas que el gobierno tiene la voluntad de concretar y por eso le solicitamos al Congreso legislar con prontitud. Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Chile y Calama”, dijo Kast antes de firmar las iniciativas contra la violencia escolar.
Añadió que “esto es una convicción que tiene el gobierno y que tiene la inmensa mayoría de los chilenos. Necesitamos la colaboración de todos los sectores políticos, porque la violencia en las escuelas no tiene color político”.
Por su parte, las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo que sabe que «debemos adoptar todas las medidas para propender al bienestar, protección y seguridad de los niños, jóvenes e integrantes de la comunidad educativa. Es por eso que hoy se va a incorporar un agravante de responsabilidad penal. Es decir, aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos de educación o en sus traslados”.
En tanto, la titular de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que en la actualidad «la educación y el derecho a la educación se está viendo amenazado por la inseguridad, por hechos violentos, incluso por delitos que no debieron tener cabida en el espacio escolar”.
“Estos proyectos buscan recuperar las condiciones de seguridad en los colegios y, de esa forma, dar tranquilidad a las comunidades educativas, tal como nos están pidiendo”, acotó.
