El Partido Republicano ha encendido la polémica tras dar a conocer una de sus propuestas más controversiales de cara a las presidenciales de 2026: eliminar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y aumentar progresivamente la edad de jubilación.
La idea marca un punto de quiebre en el debate previsional del país y deja en evidencia el modelo de protección social que la colectividad aspira a cambiar desde sus cimientos.
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Instaurada en 2021, la PGU surgió como respuesta a décadas de críticas al modelo de pensiones chileno. Diseñada para asegurar un piso mínimo de ingresos a quienes se retiraban del mundo laboral, sin importar su historial de cotizaciones, se convirtió en una de las políticas sociales más ampliamente valoradas. Su objetivo: evitar que los adultos mayores cayeran en la pobreza, especialmente quienes habían cotizado de forma intermitente o con bajos sueldos.
Pero para los Republicanos, la PGU no es sostenible. A juicio del partido liderado por José Antonio Kast, mantener este beneficio en el tiempo —sumado a las actuales reglas de jubilación— generará presiones fiscales que el país no podrá resistir. “No se puede financiar 10 o 11 años más de vida con los mismos años de trabajo que antes”, señaló el vocero de la colectividad, en alusión al aumento de la esperanza de vida.
UN CAMBIO ESTRUCTURAL
La propuesta no se limita a suprimir el beneficio estatal. También contempla elevar la edad legal de jubilación a 61 años para mujeres y 66 para hombres, con una posible extensión futura a 67 años. Eso sí, han prometido una implementación gradual, que no afecte a quienes están cerca de jubilar.
Desde el punto de vista de los Republicanos, es un rediseño “realista” de cara a un sistema que enfrenta presiones demográficas y económicas crecientes. En su visión, los nuevos trabajadores deben asumir desde el inicio que el retiro ocurrirá más tarde y con menos apoyo estatal.
¿RETROCESO SOCIAL?
La propuesta ha sido recibida con preocupación en sectores de oposición y organizaciones sociales, que acusan un intento de desmantelar uno de los pocos avances sociales transversales de los últimos años. La PGU ha tenido respaldo desde la izquierda hasta el centro político, precisamente porque corrige fallas estructurales del modelo de AFP sin modificar su pilar de capitalización.
A nivel macroeconómico, el debate no es solo ideológico, sino también pragmático: ¿cómo financiar un sistema previsional digno en un país donde el 26% de la población ya supera los 60 años? Según datos del INE, la tendencia se acelerará en las próximas décadas, presionando las cuentas fiscales y el diseño de la seguridad social.
Aunque por ahora es solo una intención programática, esta definición coloca al Partido Republicano en un terreno complejo: arriesga una desconexión con el electorado mayor, que ha sido históricamente clave en elecciones presidenciales. Por otro lado, marca un contraste evidente con las fuerzas de izquierda, que han buscado ampliar la PGU y fortalecer su financiamiento vía impuestos progresivos.
Los partidos de centro, especialmente la Democracia Cristiana, enfrentan una encrucijada: ¿respaldar propuestas que apuntan a la viabilidad fiscal o defender los beneficios sociales conquistados? El rol que asuma el centro político podría ser determinante en la configuración de futuras alianzas y pactos previsionales.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Con esta propuesta, los Republicanos apuestan por posicionarse como los garantes de la responsabilidad fiscal, aun a costa de erosionar un derecho social altamente valorado. Pero el impacto político está por verse: ¿será el electorado capaz de respaldar una reforma impopular en nombre de la sostenibilidad? ¿O castigará un enfoque que amenaza con aumentar la incertidumbre en la vejez?
El debate recién comienza, pero todo indica que la PGU se convertirá en una de las principales líneas divisorias del ciclo electoral que se avecina. Y su destino podría redefinir la arquitectura del sistema de pensiones chileno para las próximas décadas.
