En el marco de la investigación de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, el 7 de marzo el fiscal Eduardo Yáñez tomó declaración como testigo a Miguel Aylwin, hijo del expresidente Aylwin.
Ello, puesto que el proceso de compraventa del inmueble del primera mandatario después de la dictadura corrió en forma paralela a la fallida transacción por la propuedad del jefe de Estado de la Unidad Popular.
El testimonio del abogado lo publicó ExAnte.
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“El Presidente Boric cuando era aún Presidente electo, en enero de 2022, concurrió al domicilio de nuestra familia a darnos el pésame por la muerte de nuestra madre. En esa ocasión, tuvimos la oportunidad de mostrarle la sede de la fundación Patricio Aylwin, que está instalada en la casa de Arturo Medina N° 3678, respecto de la cual el Presidente electo manifestó su interés”, planteó el testimonio.
“En mayo de 2022 se nos concedió una audiencia que habíamos solicitado al Presidente (…). Manifestamos la inquietud del destino de estas casas, entendiendo que tenían un valor patrimonial y existía interés para la compra de éstas por parte de privados”.
“El Presidente Boric nos señaló que tenía el propósito de que durante su gobierno el Estado adquiriera la casa del Presidente Aylwin y la del Presidente Allende”.
LAS VISITAS
“A fines de noviembre de 2022 fuimos contactados por funcionarios del ministerio de las Culturas y del ministerio de Bienes Nacionales para tratar específicamente el tema de la compra por parte del Estado de las casas que pertenecieron a mi padre”.
“Nos visitó en dependencias de la fundación una serie de funcionarios tanto del ministerio de Bienes Nacionales, como del ministerio de las Culturas, recordando a Felipe Lanchares, abogado del ministerio de Bienes Nacionales, y a Valentina Latorre, funcionaria del gabinete de la ministra o la subsecretaria de las Culturas, no recuerdo con exactitud”.
“Los funcionarios de los ministerios antes nombrados iniciaron los contactos para el proceso de compra de las propiedades por instrucciones del Gobierno”.
“En noviembre de 2022 participé en una reunión (…) en la que se nos explicó por parte de Lanchares cuáles eran los procedimientos administrativos para concretar la compra por parte del Estado de estas propiedades”.
“Los requisitos consistían en que nosotros deberíamos elevar una solicitud ofreciendo al Estado la venta de las propiedades y adjuntar los títulos de dominio y demás documentos que respaldaran la solicitud, entre los cuales debían incluirse una tasación de las propiedades”.
“En la reunión antes mencionada no se conversó por el posterior uso de las propiedades (…), ni de la administración de ésta posterior a su venta”.
“En enero de 2023 junto a mis hermanos miembros de la sucesión, presentamos formalmente la solicitud acompañada de los documentos solicitados”.
EL LLAMADO
“Hasta comienzos de 2024 el procedimiento estuvo detenido, no obstante, se tomó contacto con Felipe Lanchares solicitando que nos informara sobre el estado del procedimiento, quien nos señaló que no había novedades”.
“En marzo de 2024 (…), Lanchares contestó uno de mis correos diciéndome que los antecedentes estaban en poder de la Presidencia, que debía tomar una decisión”.
“A mediados de 2024 tomó contacto conmigo telefónicamente Leonardo Moreno, quien forma parte del gabinete del Presidente Boric, quien me informó que se le había encomendado llevar adelante las gestiones para concretar la compra por parte del Estado de estas propiedades”.
“En una de las conversaciones que mantuve con Leonardo, me señaló que se estaban haciendo gestiones para asignar el presupuesto respectivo en coordinación entre el ministerio de las Culturas y el Ministerio de Bienes Nacionales. Me indicó que tomaría contacto conmigo Pablo Maino (…) para seguir adelante”.
“Maino nos indica que la tasación que ha efectuado el ministerio es de un valor inferior a las que presentamos como fundación, y nos solicita que manifestemos si estamos de acuerdo con vender en el precio de la tasación que ellos han efectuado. Contestamos que estábamos de acuerdo, no obstante, a la rebaja del precio que era de alrededor de un 10%”.
LA TASACIÓN
“La tasación que presentamos era de un valor aproximado de $1.600.000.000, y la tasación presentada por Bienes Nacionales fue por un valor aproximado de $ 1.300.000.000. En ningún momento del proceso solicitamos una reconsideración de la tasación realizada por el ministerio”, declaró Miguel Aylwin.
“No se dieron argumentos a la rebaja de la tasación presentada por nosotros respecto con la presentada por Bienes Nacionales. Quiero agregar que no tengo conocimiento de que haya ido algún tasador del ministerio a evaluar en terreno la casa, no me lo comentaron mis hermanos, por lo que presumo que no fueron”.
“En noviembre de 2024, tanto Pablo Maino como Leonardo Moreno nos informan que el Presidente había firmado los decretos para la compra de ambas casas, en los precios anteriormente acordados, y que se encontraban en tramitación en Contraloría”.
“En diciembre de 2024 se nos solicitó que recibiéramos a un nuevo tasador para que practicara otra tasación a requerimiento de Contraloría. Tasación que, hasta hoy, no conocemos sus resultados, pero que no tuvo influencia en el precio fijado en el decreto y posterior escritura”.
“No tengo conocimiento de dónde se generaron los recursos por parte del Estado para la compra de los inmuebles en cuestión”.
A LA ESPERA
“Maino me cita el 31 de diciembre de 2024 a una notaría ubicada en Teatinos (…) para firmar la escritura pública de la compraventa de ambos inmuebles. Concurrí al lugar el día acordado, encontrándome con la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, además de Pablo Maino; una abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, además de estar el abogado Felipe Vio, quien iba a firmar las escrituras de la casa de Allende”.
“Quedaron instrucciones en la notaría con cheques nominativos a nombre mío y de mis hermanos por la parte del precio que a cada uno le correspondía, no sé la cantidad de cheques, pero eran cheques para mí y mis hermanos”.
“El proceso continuaría”. “A comienzos de enero de 2025 concurrí a la notaria a retirar copia de las escrituras e instrucciones, e intenté en ponerme en contacto con Moreno y Maino para saber qué pasaría con esta compraventa producida la situación de público conocimiento respecto a la casa del Presidente Allende”.
“Ambos me indicaron en distintas fechas que el proceso nuestro continuaría. Maino me indicó que él seguía siendo la persona con la que me debía contactar en Bienes Nacionales”.
“Maino nos solicitó que firmáramos cada uno de los hermanos un texto de una declaración que cuyo borrador nos envió en que señalábamos que ninguno de nosotros tenía impedimento legal para celebrar contrato con el Estado”.
“Nos indicó que estaban redactando los decretos de aprobación de las escrituras de compraventa, de lo cual hasta la fecha no tengo más información”.
“El plazo de la instrucción en la notaría fue tres meses (…). Si el Estado no aprueba la escritura -ya firmada- y no se inscribe en el conservador de Bienes Raíces, el contrato no surtiría los efectos propios de una compraventa”, explicó Miguel Aylwin.
