El abogado Felipe Vio, pareja de Marcia Tambutti Allende, hija de la exsenadora, declaró ante la Fiscalía que la iniciativa para adquirir la casa de Salvador Allende en Santiago «fue del Presidente de la República y no de la familia», en el marco de la investigación que indaga delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Según consignó T13, en su testimonio del 5 de marzo del 2025, Vio relató que a principios de 2024 la exsenadora Isabel Allende le informó que el presupuesto nacional había aprobado fondos para adquirir el inmueble de Guardia Vieja y transformarlo en museo.
En ese contexto, le solicitaron actuar como abogado de confianza debido a su experiencia inmobiliaria.
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«Comencé a hacer un estudio de títulos personal, en el que no encontré nada raro», afirmó Vio, asegurando que su rol fue estrictamente técnico y de asesoría jurídica a la familia.
El abogado detalló que en marzo de 2024 fue contactado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), dependiente del Ministerio de las Culturas. En la segunda reunión con autoridades, aseguró, no se hicieron advertencias ni alertas sobre posibles inhabilidades constitucionales.
En ese punto, Vio admitió que no revisó la Constitución para verificar incompatibilidades: «Asumo que en ese momento yo no leí la Constitución y las inhabilidades que tenían quienes participaban en la compra venta. Ojalá alguien lo hubiese levantado como tema», reconoció.
OFERTA Y ACEPTACIÓN
Posteriormente, en noviembre del 2024, según las declaraciones del jurista, recibió una propuesta formal desde el Ministerio de Bienes Nacionales.
«Recibí una respuesta contenida en un oficio de la entonces Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, proponiendo un precio de aproximadamente 24 mil UF, es decir, $933 millones», indicó.
Tras recibir la oferta por la casa, Vio se reunió con sus mandantes —la familia Allende—, quienes aceptaron la propuesta.
Consultado por la participación de autoridades en el proceso, Vio afirmó categóricamente:
«Ni la Senadora Allende, ni la Ministra Fernández participaron o realizaron gestiones ante Presidencia, Ministerio de Cultura, Serpat o Bienes Nacionales, durante el proceso de venta de la casa de la familia, porque ese trabajo me correspondió a mí hacerlo. Complementando lo anterior, la iniciativa de la compraventa de la casa fue del Presidente de la República y no de la familia», enfatizó.
ERROR DESCUBIERTO TRAS MEDIATIZACIÓN DEL CASO
La situación cambió en enero de 2025, cuando el tema se hizo público. Vio relató que fue consultado por Isabel Allende y Maya Fernández sobre la revisión constitucional.
Solo entonces constató que existían inhabilidades legales para realizar la compraventa:»Por supuesto estábamos todos sorprendidos y preocupados», afirmó.
Posteriormente, a petición de Francisca Moya de la Segpres, Vio envió una carta de desistimiento a Bienes Nacionales, aunque aclaró que el proceso de resciliación de la compraventa aún no se concreta.
“En días siguientes, Francisca Moya de SEGPRES(…) me pide que envíe una carta de desistimiento de la operación dirigida a Bienes Nacionales, lo que hice. Era una necesidad de Bienes Nacionales para iniciar el proceso de resciliación de la compraventa, lo que a la fecha no ha sucedido”, concluyó.
Por su parte, el abogado querellante Raimundo Palamara criticó la versión de Vio. Según sostuvo, sí hubo advertencias jurídicas que se ignoraron, lo que -a su juicio- configuraría dolo tanto de la familia Allende como de los funcionarios públicos involucrados.
