El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, respondió a la acusación constitucional en su contra, lo que dio inicio al plazo de seis días que tiene la comisión revisora para decidir si el libelo impulsado por la oposición procede o no.
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La acusación surgió a raíz de la tragedia ocurrida en el estadio Monumental el pasado 10 de abril, durante el partido de la Copa Libertadores entre Colo Colo y el equipo brasileño Fortaleza, en el que, en medio de los desmanes, dos jóvenes fallecieron.
LA DEFENSA DE DURÁN
En el escrito de 71 páginas, la autoridad regional designó a su abogado, Francisco Cox, e instó a los legisladores a rechazar la acusación.
Durán advierte sobre la improcedencia de la acusación, ya que, a su juicio, «esta carece de un estándar mínimo de justicia y no identifica las acciones u omisiones personales y dolorosas que se me imputan, imposibilitando conducir un proceso racional y justo».
Asimismo, señala que «se invoca erróneamente la causal de infracción a la constitución, se confunde con la causal de infracción a las leyes, lo cual no es procedente en este caso».
Durán plantea en el documento que «la acusación en mi contra no evalúa correctamente las atribuciones que tiene este delegado, las cuales, como ya se desarrolló en el presente escrito, consisten en otorgar la autorización para la realización del evento y fijar las condiciones de seguridad que deben observarse durante su desarrollo, conforme a la planificación y a las recomendaciones técnicas formuladas por Carabineros de Chile y otros actores competentes; evaluar, previo informe de Carabineros de Chile, la continuidad del evento y, en caso de que sea pertinente, decretar su suspensión; e imponer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad que hayan sido decretadas para el evento».
Además, explica que «hasta antes de la entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial contaba con atribuciones en el resguardo del orden público. Sin embargo, desde el 1 de abril del presente año, tales competencias se encuentran radicadas en las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, pudiendo únicamente la Delegación Presidencial instruir el auxilio de la fuerza pública a través del Seremi. Es decir, a la fecha de estos eventos, dichas competencias ya no pertenecían al ámbito de acción de este delegado».
Finalmente, Durán asegura en su defensa que «actuó conforme a sus competencias y en apego a la ley».
En relación a los plazos, la acusación se podría votar en la sala de la Corporación a más tardar el próximo martes 20 de mayo.
