Con el receso legislativo de fin de año como telón de fondo, la negociación por la gobernabilidad de la Cámara de Diputados entró en una fase más silenciosa, pero no menos decisiva. Y en ese escenario, la derecha comenzó a mover sus fichas con un criterio claro: asegurar mayoría sin asumir costos políticos innecesarios. El resultado es una ecuación que hoy se repite en los pasillos del Congreso: Mulet sí, Jiles no.
Aunque el bloque que respaldó al presidente electo José Antonio Kast suma 76 diputados, aún necesita dos votos para controlar la corporación. El camino más evidente parecía ser un acuerdo con el Partido de la Gente (PDG), pero esa opción perdió atractivo rápidamente. La insistencia de Pamela Jiles en aspirar a la presidencia de la Cámara y, sobre todo, su protagonismo en la Comisión de Constitución, encendió las alertas en la derecha, que ve en ella un factor de incertidumbre legislativa.
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En contraste, la figura de Jaime Mulet emerge como una alternativa funcional. El parlamentario atacameño, distanciado del oficialismo de Gabriel Boric, ha dado señales de pragmatismo y apertura a acuerdos amplios, sin la carga simbólica ni el historial disruptivo que la derecha asocia a Jiles. A ello se suma el interés compartido por frenar una reforma constitucional que amenaza la supervivencia de partidos pequeños y sanciona a los parlamentarios díscolos, un punto clave tanto para Mulet como para René Alinco.
El diseño negociador, encabezado por José Miguel Castro, apunta precisamente a eso: construir una mayoría mínima pero estable, que luego funcione como polo de atracción para independientes y sectores de la centroizquierda, reduciendo su margen de presión.
En ese marco, el PDG, liderado por Franco Parisi, pasó de ser socio potencial a riesgo político. Para la derecha, el costo de entregar espacios estratégicos a Jiles supera hoy los beneficios aritméticos. Así, más que un veto personal, lo que se impone es una lectura fría: gobernabilidad primero, épica después.
