En la reunión que mantendrá hoy con las comisión respectiva de la Cámara de Diputados los parlamentarios preguntarán también a la ministra Trinidad Steinert sobre antecedentes que apuntan a una presunta «pasada de cuenta» en la solicitud de renuncia de la ahora subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña.
Así lo informó el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.
“Esta es una materia que los medios de comunicación han dado a conocer y hay que lograr establecer cuáles son las facultades y los límites a las atribuciones que tiene el ministerio de Seguridad respecto de la información de causas judiciales complejas, y que están reservadas por ser materia de lavado de activos”, afirmó.
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“Así que esperamos que exista una respuesta adecuada en esta materia, a fin de establecer cuáles son las medidas a seguir desde el punto de vista de la fiscalización, que es lo que nos corresponde como Cámara de Diputados”, agregó.
ALLANAMIENTO DE LA ZOFRI
Radio Bío Bío publicó que Steinert solicitó información detallada de funcionarios de la Brianco (Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado) de la PDI de Tarapacá que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen“, indagación que ella lideró en su entonces calidad de fiscal regional.
La compleja causa, que derivó en el allanamiento de la Zofri en enero pasado, terminó con el traslado a distintas regiones del país y a brigadas no especializadas de cuatro oficiales de la PDI de Iquique -un jefe y tres funcionarios- lo que fue interpretado como una degradación al interior de la policía civil.
De acuerdo con La Tercera la decisión de la prefecta general se dio por razones de seguridad y con el fin de no generar daños en la indagatoria por crimen organizado en la zona. Esto, pues había informes internos que daban cuenta de una incipiente interacción entre los detectives trasladados y la mafia que se perseguía.
Sin embargo, el traslado de los oficiales habría generado la molestia de Steinert, sobre todo porque es cercana a uno de los funcionarios en cuestión.
¿TEMA PERSONAL?
Así las cosas, apenas dos días después de asumir como ministra Steinert envió un oficio reservado al director de la PDI, Eduardo Cerna, pidiendo información sobre lo ocurrido en Iquique por el operativo del Clan Chen.
Solicitó que se individualizara a los funcionarios que fueron removidos de Tarapacá, los fundamentos que aquello; las nuevas destinaciones y una copia de los antecedentes disciplinarios y penales de cada uno de estos policías que “de existir, hubiere servido como antecedente para fundamentar la remoción de los funcionarios”.
Como no es lo habitual que el ministro de Seguridad se meta en asuntos tácticos y operativos, con ese nivel de detalle, en las policía, inmediatamente comenzó a sonar a un tema personal.
Más aun, porque la ministra tiene prohibición legal para pedir antecedentes sobre una investigación penal en curso, según la ley orgánica del ministerio de Seguridad Pública.
PETICIÓN DE RENUNCIA
Una semana después Steinert pidió al director de la PDI la remoción de Peña de la institución. Y lo hizo sin avisar a La Moneda, cuestión profundamente irregular, porque la ley establece que el único que puede pedir la renuncia a funcionarios de alto mando de la policía es el Presidente de la República, y Peña era la tercera en comando.
La ministra solo tiene facultades para asesorar al mandatario en la conformación de los altos mandos policiales.
Pero, al final, la orden venía del ministerio y a Cerna no le quedó más que «llamar a retiro» a la jefa de Inteligencia y primera prefecta general de la PDI.
TESTIGO
También alimenta la versión de una rencilla personal el que, según radio Bío Bío, la ministra Steinert también habría intentado acceder a información de una causa que involucra al hijo de Consuelo Peña.
En diciembre de 2025 este quedó en calidad de testigo en una investigación por tráfico de drogas en Valdivia, luego del hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio. La situación fue denunciada por la propia funcionaria.
Bajo la hipótesis de consumo, las diligencias fueron derivadas al OS-7 de Carabineros para evitar conflictos de interés.
Steinert habría intentado obtener antecedentes de esa causa, pese a que la legislación vigente, en el marco de la creación del ministerio de Seguridad, establece expresamente límites para acceder a investigaciones penales en curso, precisamente por su carácter reservado.
DOS VERSIONES
En tanto, en la reunión de hoy de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios solicitarán explicaciones a Steinert por la decisión de la salida de Consuelo Peña.
El diputado Jaime Araya (Indp. PPD) aseveró que «las informaciones que se han publicado dan cuenta de una especie de revancha personal en contra de una funcionaria intachable. Personalmente me cuesta creer en esas motivaciones. Por lo tanto, espero que haya 100% de transparencia y se pueda explicar detalladamente la decisión. Incluso estoy dispuesto a apoyar que esa parte de la sesión sea secreta: es indispensable tener la información clara y poder contrastarla”.
La diputada frenteamplista Tatiana Urrutia comentó que “si la seguridad es una prioridad y se nos ha planteado que estamos frente a una situación de emergencia, ¿por qué la primera medida es descabezar la Policía de Investigaciones sin entregar explicaciones claras? Cuando no hay fundamentos conocidos, se debilita la confianza institucional, que es clave para el buen funcionamiento de los organismos responsables de resguardar la seguridad”.
Por su parte, desde el oficialismo se alinearon con la secretaria de Estado.
«Al Poder Legislativo no le corresponde meterse a opinar de las decisiones que se toman al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, en este caso, de Investigaciones. Me imagino que el director habrá tenido sus razones, no tengo idea si en esto influyó la ministra o no”, dijo la diputada Nacional Libertaria Gloria Naveillán.
El presidente de la Comisión, Cristián Araya (Republicano) coincidió en que no corresponde «pronunciarme ni interferir en las decisiones de esta naturaleza que adopte legítimamente el Director General de la PDI”.
