Finalmente se concretó la presentación a la Corte Suprema -de parte de un grupo de parlamentarios- de un escrito para solicitar la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Está firmado por las diputadas Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marta González (IND), Javiera Morales (FA) y Gael Yeomans (FA), además de los diputados Luis Cuello (PC), Jaime Naranjo (PS), Roberto Celedón (FA) y Juan Santana (PS).
El requerimiento de 47 páginas responde al allanamiento que encabezó el persecutor en contra de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) el mismo día en que esta se encontraba dando a luz a su primer hijo.
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A juicio de los parlamentarios, el fiscal Cooper actuó con “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.
Las diligencia apuntó a una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias en una arista descubierta en el caso Sierra Bella, de la cual está a cargo el fiscal.
De acuerdo con el escrito, tanto el allanamiento al departamento de Cariola como el que trascendieran sus chats personales con la exalcaldesa Irací Hassler, “dan cuenta de la gravedad que ocasiona el mal manejo de las investigaciones que sigue el Sr. Fiscal Cooper, que no se mide sólo por los casos en particular que se invocan, sino que también por la afectación directa a la credibilidad de la institución del Ministerio Público”.
El requerimiento separa en dos grandes grupos de hechos que -a su juicio- demostrarían la “negligencia manifiesta” del persecutor.
«ESTÁNDARES JURÍDICOS MÍNIMOS»
El primero es la “omisión en el cumplimiento de estándares jurídicos mínimos en la solicitud y ejecución de la diligencia” de allanamiento de Cariola el día de su parto, el 3 de marzo pasado.
Plantean que la solicitud de las medidas intrusivas se realizó basándose en un informe (el N°487) que contenía “consideraciones erróneas y adolece de graves omisiones, por lo que no se cumple con los estándares jurídicos mínimos requeridos para solicitar una medida de tal entidad”. Acusa, además, que el requerimiento fue “sin verificar la veracidad y exactitud de todos los elementos”.
Además el escrito argumenta que hubo desproporcionalidad en el allanamiento, y que el persecutor sabía del embarazo de la diputada, pero que pese a aquello igualmente instruyó su realización.
“Considerando que la resolución judicial que autorizó la diligencia es de fecha 28 de febrero, resulta evidente que el Fiscal Cooper Monti tuvo la posibilidad de ejecutar la diligencia ese mismo día, siguiente o subsiguiente, máxime si se considera la especial urgencia que él mismo justificó y pese a ello, no lo hizo”, agrega el requerimiento, que fue publicado por La Tercera.
Además, afirma, el persecutor “ignoró esos parámetros razonables y justificados en la restricción al ejercicio de derechos fundamentales consagrados a nivel nacional como internacional, lo que en definitiva implica no garantizar el respeto irrestricto a derechos fundamentales”.
Asismismo, sostiene que se vulneraron normas, en derecho, de un proceso racional, justo y el debido proceso, así como también normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el Convenio Belém Do Pará o la Convención sobre Derechos del Niño.
Acusa al fiscal Cooper de negligencia y solicita su remoción “por no aplicar diligentemente las normas de género exigibles en tales procedimientos”.
RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN
El segundo grupo de hechos que cuestionan por los parlamentarios y por el cual piden a la Corte Suprema la remoción de Cooper dice relación con las vulneraciones en la reserva de la investigación que encabeza el persecutor.
Lo ejemplificaron con el hecho de que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, accediera a información reservada de la causa y que se haya filtrado a los medios información de la investigación, específicamente los chats entre Cariola y Hassler donde critican al Gobierno y al Presiente Boric.
A su juicio hubo falta de cuidado de parte del fiscal Cooper “para evitar que esos informes llegaran a manos de la prensa y que se vulneraron los derechos de privacidad de Cariola y Hassler.
Finslmente afirma que la filtración de conversaciones privadas, sin relevancia investigativa, «han causado un perjuicio a las involucradas, lo cual es de exclusiva responsabilidad del Sr. Fiscal”.
