La municipalidad de Las Condes mantiene una disputa judicial con la empresa SuizCorp Spa, contratada durante las gestiones de Daniela Peñaloza (UDI) y Joaquín Lavín (UDI), que actualmente tiene a uno de los municipios mas ricos de Chile en Dicom.
Un informe emitido por la Contraloría General de la República, a pocos días de que Catalina San Martín asumiera como nueva alcaldesa, advirtió sobre el perjuicio patrimonial e incumplimiento del contrato “Obras de mantención de pavimentos y obras relacionadas en espacios públicos de la comuna de Las Condes” con la empresa contratista.
El órgano fiscalizador estableció que las irregularidades detectadas habrían generado un perjuicio patrimonial para el municipio por un total de $795.604.651.
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Entonces, la mueva jefa municipal decidió retener el pago de aquellas facturas y estampar una demanda civil en contra de la empresa.
Fue ahí que Las Condes fue a parar a Dicom por deudas morosas de $430.926.000, gran parte de ellas asociadas a la empresa contratista.
Desde el municipio defienden la decisión de retener los pagos y sostienen que fue una medida intencionada para proteger el patrimonio de los vecinos en medio de un proceso judicial.
CORREO A LOS CONCEJALES
Los concejales de Las Condes recibieron un correo de parte de la empresa SuizCorp Spa que produjo inquietud, planteó La Tercera.
Luis Haddad (RN) expuso en el Concejo Municipal que «quiero enfocarme en el último párrafo, donde se solicita oficiar a la dirección jurídica y de finanzas para que entreguen una explicación sobre las facturas emitidas, aceptadas a la fecha y publicadas en el sistema financiero Dicom, considerando que estamos frente a la municipalidad con más recursos del país».
La empresa acusó a la actual administración de retener pagos y cobrar ilegalmente garantías asociadas al contrato, con el objetivo —según SuizCorp Spa— de trasladar la responsabilidad de las observaciones de Contraloría a la empresa contratista.
Recalcó que las facturas fueron emitidas, aceptadas de forma irrevocable por el municipio y que la obra fue entregada dentro de los plazos establecidos, por lo que calificó de “arbitraria” la decisión de retener los pagos.
La directora jurídica del municipio, Alicia de la Cruz, explicó que “en protección del patrimonio municipal efectivamente se hicieron esas retenciones y hoy eso está judicializado.. Nosotros demandamos a la empresa, entonces eso se discutirá en tribunales”.
