Una querella de fraude al fisco y negociación incompatible remece a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes luego de revelarse un esquema de contratación fraudulenta protagonizado por Natalia Fernández Oyarce, exjefa de Recursos Humanos, y su pareja, Eddy Symmes, director de Finanzas y Administración de la entidad.
Según la acción legal presentada el pasado 8 de abril, Fernández contrató a su madre, Isolda Oyarce, y a su prima Macarena Oyarce, como supuestas trabajadoras de un vacunatorio municipal, a pesar de que ninguna de ellas habría prestado realmente los servicios comprometidos.
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Para encubrir el fraude, se falsificaron informes laborales y se omitió información en el portal de Transparencia de la institución.
FACHADA PARA EL NEGOCIO FAMILIAR
El ardid se habría extendido al área de alimentación escolar. En marzo de 2024 la corporación firmó un contrato por $190 millones con la empresa Arayán SpA, constituida apenas cinco días después de suscribir el acuerdo.
La firma, sin experiencia previa, era representada legalmente por Solange Santos, amiga de Fernández, aunque en la práctica quien operaba y supervisaba los servicios era nuevamente Isolda Oyarce.
Para validar el millonario pago, Natalia Fernández (la hija de la beneficiaria), certificaba las entregas de alimentos, lo que, según la querella, permitió inflar los costos y justificar servicios deficientes.
Las cifras refuerzan la sospecha: mientras Arayán cobró $190 millones en ocho meses, una empresa posterior adjudicó el mismo servicio por $167 millones anuales.
SOLICITUD DE TRANSPARENCIA
La denuncia se presentó luego de una investigación interna iniciada por una solicitud de Transparencia en noviembre de 2024.
A partir de ahí, se descubrió que los supuestos informes de “bioestadística” eran simples descripciones de una página y que una de las “contratadas” trabajaba en Irlanda durante el período facturado.
Los involucrados han optado por guardar silencio o alegar imprecisiones en los antecedentes. La justicia determinará ahora el alcance del perjuicio fiscal y las responsabilidades penales.
