Mientras de un lado lo respaldan del otro lo califican de «Kastigo»: el envío de dos proyectos de ley del Gobierno que buscan fortalecer la seguridad en los recintos educacionales, luego de la oleada de violencia escolar de las últimas semanas, provocaron reacciones diametralmente opuestas.
El primero, modifica el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos contra la comunidad educativa y recintos educativos. El segundo proyecto, denominado «Escuelas Protegidas», incluye las medidas de revisión de mochilas, brindas a docentes la posibilidad de implementar medidas «pedagógicas, correctivas y disciplinarias», sanciones por interrupción de clases, y reglamentos internos que prohíban el uso de accesorios como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro elemento que impida la identificación facial.
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También incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Y es uno de los puntos más polémicos.
«SENTIDO COMÚN»
Como la propuesta de perder acceso a la gratuidad universitaria es propuesta de la UDI, desde esa tienda valoraron que el Presidente recogiera la iniciativa.
En ese sentido, para Ricardo Neumann dijo que «es de sentido común que quienes han cometido actos violentos no accedan a beneficios financiados por todos los chilenos. La gratuidad debe estar al servicio de quienes respetan las normas, no de quienes las vulneran».
Destacó, asimismo, que en los menores sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los tribunales podrán levantar la inhabilidad cuando exista reinserción efectiva.
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que apoyarán el proyecto, porque «nos parece que es muy importante recuperar la autoridad no solamente a directores, profesores, personal administrativo, sino para restablecer el orden en los colegios».
Sin embargo, añadió, lo revisarán en detalle, «porque nuestra convicción es que poner orden también tiene que ver con pensar en que esa persona, que puede haber cometido un delito, puede haber cometido una falta, puede haber cometido un error, tiene que tener perspectivas de reinserción y de rehabilitación».
También apuntó a la reinserción el diputado Tomás Kast (Evópoli), para quien ambas iniciativas «van en la dirección correcta, porque se hacen cargo de las preocupaciones de apoderados, profesores y estudiantes, que han visto cómo en el último tiempo la inseguridad se volvió un tema recurrente».
UN «KASTIGO»
A través de X (exTwitter) la diputada Daniela Serrano publicó que «para el gobierno, gobernar es controlar más que educar. Revisar mochilas, prohibir gorros y quitar la gratuidad. Educar parece opcional. La educación pública no merece este Kastigo (sic)».
Si bien César Valenzuela (PS) no descartó la aplicación de ninguna medida, dadas las situaciones de violencia que se están viviendo, sostuvo que los proyectos «tienen un problema de fondo, porque no estamos viviendo un problema de violencia escolar, tenemos un problema de violencia generalizado en la sociedad chilena».
Y además, criticó que no se aborda «la temática de salud mental», problemas que «no se resuelven revisando una mochila, y lamentablemente, los proyectos que ha anunciado el gobierno no tienen ninguna relación con este tema».
Asimismo, cuestionó quiénes son los «agentes especiales» que revisarán las mochilas de los estudiantes. ¿Inspectores? ¿Guardias de seguridad?, ¿o el proyecto considera derechamente que vamos a tener un carabinero de punto fijo en cada establecimiento educacional, ¿tenemos dotación para hacer eso?». A su juicio, llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles».
Desde la DC, el diputado Héctor Barría llamó a «ser capaces de pensar en la reinserción y que esta polarización que hoy día prácticamente nos lleva a discutir blanco, negro, vida o muerte, guerra o paz, tenemos que colocar los matices de nuestro país».
