La Contraloría General de la República (CGR) emitió un nuevo instructivo dirigido a los ministros de Estado con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia en la función pública.
En el Instructivo N° IN14/2026 recuerda que las autoridades deben actuar con apego a la legalidad y privilegiar siempre el interés público por sobre el particular, manteniendo una conducta intachable.
El documento enfatiza el deber de abstención, y que los ministros no deben intervenir en decisiones cuando existan conflictos de interés, incluso si estos son potenciales.
Lea también: Alvarado: Gobierno pausará salida de directora de SernamEG
Además, advierte que la reiteración de estas situaciones podría afectar el correcto ejercicio del cargo e incluso generar observaciones al acto de designación de una autoridad.
DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO
El instructivo de la CGR recuerda a las autoridades su deber constitucional y legal de presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo. Esta deberá ser actualizada anualmente durante marzo y publicada en los sitios web institucionales correspondientes.
El organismo fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones. El incumplimiento podrá ser sancionado con multas económicas, y, en casos graves o reiterados, con la destitución del cargo por falta a la probidad administrativa.
PATRIMONIO Y LOBBY
Según el texto de la Contraloría, los ministros de Estado deben delegar la administración de sus inversiones o vender ciertos bienes cuando estos puedan generar conflictos de interés en el ejercicio del cargo.
Para eso hay plazos específicos.
Además, reafirma el cumplimiento estricto de la Ley de Lobby y la obligación de mantener actualizados los registros de agenda pública de los ministros, los cuales deben incluir audiencias, reuniones, viajes oficiales y donativos protocolares, y publicarse mensualmente en formatos de datos abiertos.
Asimismo, refuerza el principio de prescindencia política y la prohibición de realizar actividades políticas contingentes dentro de dependencias públicas o utilizando recursos del Estado, sin perjuicio de emitir opiniones técnicas vinculadas a políticas públicas propias de su cartera.
TEST DE DROGAS
El documento plantea también nuevas exigencias vigentes, como la obligación de someterse de forma periódica a exámenes de detección de consumo de drogas, cuyos resultados serán públicos.
La Contraloría General de la República llamó a las autoridades ministeriales a cumplir estrictamente todas las normas señaladas. Advirtió que su cumplimiento será debidamente fiscalizado de acuerdo con las atribuciones legales del organismo.
