UDI amenaza con otra acusación constitucional si Gobierno insiste con la “ley de amarre”. Ya van 9 en este periodo y ninguna ha prosperado.
La UDI advirtió que podría presentar una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ello, si el Gobierno insiste en incluir en la ley de reajuste al sector público una norma que la oposición califica como “ley de amarre”.
La advertencia la formularon los parlamentarios Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez. Estos acusan al Ejecutivo de intentar “amarrar” cargos públicos y blindar empleos para operadores políticos. La fórmula, acusan, es mediante un cambio en las reglas de estabilidad laboral que forma parte del acuerdo del Gobierno con la Mesa del Sector Público.
Qué es la “ley de amarre”
La medida en cuestión propone que la no renovación de contratos a contrata en ciertos organismo debe ser fundada. Se trata de subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios, delegaciones presidenciales y otros organismos. Se exige que la no renovación se realice únicamente a través de un acto administrativo fundado. Este, debe contar con criterios objetivos y verificables. Además, busca reducir de cinco a dos años el requisito para que los funcionarios a contrata accedan a la figura de confianza legítima.
Para la UDI, esto transgrede criterios previos fijados tanto por la Contraloría General de la República como por la Corte Suprema. Además, señalan, abre la puerta a que el Estado se transforme en una “agencia de empleo” para personas cercanas al Gobierno.
Cabe recordar que en diciembre de 2024, la UDI y Renovación Nacional, votaron a favor justamente de esta norma. Ello aconteció en la Comisión que estudiaba justamente afirmar la llamada confianza legítima.
Acusación constitucional sobre la mesa
Alessandri y Ramírez sostuvieron que, si el ministro Grau y el Gobierno no retiran la disposición, presentarán una acusación constitucional en contra del secretario de Estado cuando comience el nuevo Congreso en marzo. “Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado”, afirmaron.
La acusación constitucional en Chile es un mecanismo jurídico-político que permite a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a altos funcionarios públicos por infracciones constitucionales, lo que puede resultar en su destitución o inhabilitación legal si se aprueba.
Críticas desde la oposición
Los diputados de la UDI calificaron la inclusión de la norma como “impropia”, “deshonesta” e “inmoral”, y advirtieron que su aprobación afectaría a miles de funcionarios de carrera. También hicieron un llamado a partidos de centroizquierda, en particular al Partido Socialista (PS) y al PPD, para que rechacen la medida durante la tramitación en el Congreso.
Desde otros sectores opositores, como el Partido de la Gente (PDG), también se analizan apoyos a una eventual acusación constitucional, mientras que en el oficialismo persisten defensas a la incorporación de la confianza legítima en la ley de reajuste.
Posición del Gobierno
El Gobierno ha defendido la norma señalando que busca proteger a los funcionarios de carrera y dar certezas sobre estabilidad laboral, pero ha enfrentado críticas amplias desde distintos sectores de la oposición que consideran que la medida va más allá de un reajuste salarial y termina modificando aspectos estructurales del empleo público sin un debate transparente.
Acusaciones Constitucionales en este gobierno
La oposición de derecha y extrema derecha ha intentado hasta diciembre de 2025, 9 acusaciones sin éxito. Recordemos:
Autoridades acusadas o acusaciones desistidas o rechazadas
- Izkia Siches (Exministra del Interior): Fue la primera acusación, rechazada en julio de 2022.
- Giorgio Jackson (Exministro de Desarrollo Social): Recibió una acusación que fue rechazada en la Cámara de Diputados en enero de 2023.
- Marco Antonio Ávila (Exministro de Educación): La acusación en su contra fue rechazada en julio de 2023.
- Marcelo Cabrera (Delegado Presidencial de la Región de los Ríos): Fue el único caso de una autoridad regional que llegó a esta instancia, siendo también desestimado.
- Carlos Montes (Ministro de Vivienda y Urbanismo): Acusado por el «Caso Convenios», su defensa invocó la «cuestión previa», la cual fue aprobada en enero de 2024, dándose por no presentada la acusación.
- Maya Fernández (Ministra de Defensa): Un recurso relacionado con su inhabilitación fue rechazado en febrero de 2025.
- Carolina Tohá (Ministra del Interior): Enfrentó una acusación constitucional a finales de 2024 debido a la crisis de seguridad, la cual no prosperó en el Congreso.
- Diego Pardow (Exministro de Energía): Acusado por irregularidades en las tarifas eléctricas; el Senado rechazó el libelo en noviembre de 2025.
- Gabriel Boric (Presidente de la República): En octubre de 2024, diputados de Renovación Nacional anunciaron una acusación en su contra, pero el partido desistió formalmente de presentarla tras falta de apoyo interno y de otras bancadas de oposición.
Reacciones
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (FA), señaló al respecto: «La UDI propuso una Acusación Constitucional por presentar un proyecto de ley». Según el parlamentario, «eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación».
Recordó que «la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos. Es difícil tomarse en serio la declaración del Pdte. UDI, si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado 9 Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas», señaló.
