La iniciativa legal llamada Ley Mordaza impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti propone sanciones penales, incluyendo cárcel, para quienes revelen información sobre investigaciones judiciales en desarrollo y bajo carácter de secreto.
Desde el Colegio de Periodistas Metropolitano han manifestado su preocupación, ya que el proyecto no diferencia con precisión entre quienes cometen filtraciones indebidas y quienes, en su rol informativo, difunden esos antecedentes. Esta ambigüedad advierten podría traducirse en una forma de criminalización hacia la labor periodística y los medios de comunicación.
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«Gracias al periodismo, la ciudadanía ha podido conocer casos de corrupción y uso indebido de recursos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos», señala la declaración del Consejo Metropolitano.
RETROCESO
En este contexto, alertan que la propuesta representa un retroceso respecto a los avances logrados en materia de transparencia institucional durante las últimas décadas.
Si la iniciativa que la Comisión de Constitución del Senado busca acelerar ya estuviera en vigor, hoy ningún periodista en Chile podría estar informando en televisión, radio o prensa escrita sobre las investigaciones en curso de los casos de corrupción que involucran al mundo político, como ProCultura o Audio. Esto plantea una seria amenaza a la libertad de información.
El proyecto tiene como propósito modificar diversas leyes para tipificar como delito con penas de cárcel la difusión de antecedentes obtenidos durante etapas reservadas de procesos penales.
RODRIGO MUNDACA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS METROPOLITANO: «LA CIUDADANÍA ES LA PRINCIPAL AFECTADA
Rodrigo Mundaca, cuestionó duramente el proyecto de ley Mordaza impulsado desde la Comisión de Constitución del Senado que busca penalizar la difusión de información proveniente de causas penales en etapa de investigación.
A su juicio, la iniciativa está mal enfocada y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.
«Yo creo que los senadores están equivocados en su objetivo», afirmó Mundaca, señalando que si el propósito es sancionar las filtraciones por parte de funcionarios públicos, «No es la forma adecuada».
Según explicó, las filtraciones no provienen de los medios de comunicación, sino de quienes tienen acceso directo a las causas: fiscales, abogados o personal judicial.
CRIMINALIZAR A LOS PERIODISTAS
Advirtió que criminalizar a periodistas por publicar información de interés público sería un error grave. «Si castigas a los periodistas por difusión de información de interés público, están equivocados. Lo relevante es la reserva de información que deben mantener quienes tienen acceso directo a ella», subrayó.
En esa línea, defendió el rol de los medios: «Si un periodista accede a información comprobada, verificable y de una fuente confiable, tiene el deber de difundirla. Es nuestro deber».
Mundaca también alertó sobre las consecuencias de una eventual aprobación de la ley, apuntando que «Privaría a la opinión pública de parte importante de la información que necesita para decidir».
Enfatizó que la ciudadanía toma decisiones todos los días, y para ello necesita estar bien informada. «La ciudadanía va a andar medio perdida por no tener todos los antecedentes necesarios», advirtió.
Aunque reconoció que los periodistas serían directamente afectados, recalcó que «La principal afectada es la ciudadanía. Nosotros somos solo medios para entregar información».
Recordó que existen casos en los que la reserva de información ha sido justificada como ocurrió durante el secuestro de Cristian Edwards, pero sostuvo que la situación actual no se enmarca en ese tipo de excepciones.
Finalmente, Mundaca subrayó que «La libertad de prensa es importante porque permite que se presenten todas las opiniones», pero que lo que está en juego con esta propuesta va más allá: «Estamos hablando del derecho al acceso a la información”. Y concluyó: “Cualquier decisión que tome la ciudadanía tiene que estar informada. Y actualmente, la mejor forma de entregar esa información es a través de los medios de comunicación».
JORGE DONOSO: «LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN ES UN PILAR DE LA DEMOCRACIA»
Jorge Donoso Pacheco expresó su preocupación frente al proyecto de ley impulsado por algunos senadores, conocido como «Ley Mordaza 2.0», que busca sancionar penalmente la divulgación de información durante procesos judiciales. A su juicio, la iniciativa no distingue adecuadamente entre quienes filtran información funcionarios con responsabilidad directa en el manejo de causas— y los periodistas que cumplen con su rol de informar a la ciudadanía.
«El proyecto de ley no distingue entre la responsabilidad de quien filtra una determinada información, lo que debe ser castigado, con el derecho y el deber de los periodistas de informar sobre hechos que tengan interés público, lo que se determina en cada caso en particular», afirmó Donoso Pacheco, cuestionando la amplitud de la propuesta legislativa.
Alertó que, de aprobarse las normas, «La primera afectada es la sociedad por no acceder a esa información relevante», ya que podría limitarse el conocimiento de hechos de alta connotación pública y sancionarse injustamente a profesionales que actuaron en cumplimiento de su deber.
Donoso subrayó que «La libertad de información es uno de los pilares de la democracia», y que cualquier restricción ilegítima a su ejercicio daña no solo a los medios y periodistas, sino también al derecho de las personas a estar informadas.
POLÉMICA
El problema central de la iniciativa radica en que, en lugar de sancionar a quienes efectivamente filtran información desde dentro del sistema judicial como fiscales, funcionarios de tribunales o abogados que tienen acceso directo a las causas, termina penalizando a quienes cumplen con su labor de informar a la ciudadanía.
De esta forma, el foco de la sanción se desplaza hacia la prensa, a pesar de que los periodistas no son quienes originan las filtraciones, sino quienes las difunden en cumplimiento de su rol fiscalizador.
En 2016, en respuesta al impacto social y político que provocaron los casos Penta y SQM, se presentó un proyecto que buscaba penalizar no solo a los funcionarios que filtraran información confidencial, sino también a quienes la difundieran públicamente, incluyendo testimonios, mensajes privados y pericias.
Dicha propuesta fue ampliamente rechazada por organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión, lo que finalmente impidió que la conocida «Ley Mordaza 1.0» fuera aprobada por el Congreso.
FILTRACIONES DE INVESTIGACIONES
La diputada Lorena Fries cuestionó el proyecto que busca sancionar penalmente las filtraciones de investigaciones judiciales, asegurando que ya existen disposiciones en el Código Penal que abordan este tipo de hechos.
«Existen dos artículos en el Código Penal que justamente refieren a la filtración», afirmó, aludiendo tanto a los casos en que están involucrados funcionarios públicos como a los relacionados con investigaciones reservadas. Según la parlamentaria, ambas situaciones contemplan «penalidades bastante significativas», por lo que expresó dudas sobre la necesidad de una nueva normativa en esta materia.
Fries señaló que comparte la preocupación por cómo las filtraciones pueden afectar el curso de un proceso judicial y condicionar la opinión pública. Sin embargo, sostuvo que lo central es «Conocer los sumarios que hay dentro de la Fiscalía Nacional» y que el Fiscal Nacional «responda por eventuales filtraciones que se produjeron antes de que la carpeta fuera compartida con los intervinientes».
Respecto de la propuesta legislativa, planteó que podría significar una «Duplicación de lo que ya existe», y advirtió que el aumento de penas no necesariamente tiene un efecto disuasivo. A su juicio, lo importante es que se cumpla la ley vigente y que la Fiscalía informe sobre las medidas adoptadas para prevenir nuevas filtraciones.
Finalmente, hizo un enfático llamado a resguardar el rol del periodismo en este tipo de casos. «Yo lo que mantendría muy custodiado, es decir, fuera de algún tipo de sanción, es la prensa», dijo. Para Fries, la libertad de expresión debe quedar «fuera de este tipo de tipos penales o de sanciones», ya que si no hay funcionarios que filtran, difícilmente los medios podrían acceder a esa información.
COMISIÓN
Desde la Comisión de Constitución del Senado respondieron a las críticas que han surgido en torno al proyecto que busca penalizar las filtraciones en investigaciones judiciales, el cual ha sido catalogado por algunos sectores como una «Ley mordaza.
La iniciativa, encabezada por el senador Pedro Araya, ha generado un amplio debate público desde que comenzó su tramitación.
La senadora Luz Ebensperger, integrante de la comisión, descartó tajantemente esa interpretación: «Efectivamente, yo creo que aquí hay dos cosas importantes que decir: nada de la inmordaza». Según señaló, el principal objetivo del proyecto es asegurar que las causas judiciales «terminen adecuadamente», ya que la divulgación de antecedentes durante las etapas reservadas puede interferir de forma negativa en el curso de las investigaciones.
Entre sus propuestas, el texto plantea extender los plazos de reserva en los procesos penales y establecer sanciones específicas «En aquellos casos en que se filtre durante estos periodos», apuntando principalmente a funcionarios públicos. Sin embargo, la discusión se ha ampliado y contempla también posibles responsabilidades de otros actores como abogados defensores o incluso legisladores.
«Estamos recién partiendo, eso está en general», explicó la senadora, indicando que aún se deben definir aspectos relevantes respecto a quiénes estarían alcanzados por la futura normativa.
Otro de los elementos que quiso aclarar fue que esta regulación «No afecta en absoluto ni está en contradicción con la libertad de prensa».
En esa línea, aseguró que los medios de comunicación seguirán regulados por su propia normativa, la cual no se vería alterada por este proyecto.
REACCIONES
Paulina Núñez
Frente a la polémica por la llamada «Ley Mordaza 2.0», Núñez fue enfática: «En eso quiero ser súper clara», dijo, explicando que aunque el proyecto es del senador Pedro Araya y respaldado por los cinco senadores de la Comisión de Constitución, no apoyará ninguna norma que afecte la libertad de prensa. «La sanción debe aplicarse a quien filtra información durante una investigación, no al medio o periodista que la recibe».
La senadora también cuestionó la ausencia del Colegio de Periodistas en la primera sesión de la Comisión, pese a haber sido invitados. «No pedimos que vaya el presidente, ni el vicepresidente, solo queremos conocer su postura. El debate debe darse ahí», afirmó.
En relación al levantamiento del secreto bancario, tema abordado por Carolina Tohá, Núñez sostuvo que debe hacerse siempre con autorización judicial.
«Si queremos transparencia, debe aplicarse a todos por igual, sin distinciones ideológicas», dijo, y acusó contradicciones en el oficialismo: «Por ejemplo, cuando se supo que gastos reservados del exsubsecretario Monsalve estaban en su cuenta personal, el gobierno no dijo nada».
También aclaró que como presidenta de la Comisión de Constitución, no aprobará normas que penalicen a periodistas: «Lo que hay que perseguir es cómo salió esa información, quién la filtró», enfatizó.
Añadió que uno de los cambios propuestos busca limitar el acceso completo a causas judiciales solo a quienes tengan un interés directo, para evitar que terceros accedan por razones políticas o económicas.
Finalmente, sobre el reportaje publicado por Vega Investiga que reveló métodos usados por parlamentarios para tomarse días libres como si fueran vacaciones, aludiendo a la diputada Jimena Sandón, Núñez fue tajante: «Quien se ausenta de sus funciones parlamentarias y pide permiso, debe hacerlo sin goce de sueldo. Yo misma lo pedí así en su momento y devolví todo el dinero».
Campillai rechaza «Ley Mordaza 2.0» y alerta por intento de censura a la prensa
La senadora Fabiola Campillai advirtió que este proyecto representa un nuevo y preocupante intento por limitar la libertad de expresión. Recordó que ya se había intentado algo similar en el caso SQM y que ahora, desde distintos sectores políticos, se pretende criminalizar a quienes revelen hechos de corrupción.
A su juicio, la propuesta vulnera principios fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto de San José, que garantizan la libertad de prensa.
Subrayó que se trata de una amenaza directa contra periodistas y reporteros cuya labor es precisamente visibilizar los abusos del poder. Reafirmó su compromiso con la libertad de prensa, la autonomía de los medios y la defensa de quienes informan para dar a conocer la verdad.
Henry Leal advierte contra una «Ley mordaza» que limite la libertad de prensa
Henry Leal manifestó su oposición a cualquier intento de restringir la libertad de expresión de los periodistas mediante normas legales.
Señaló que actualmente ya existen sanciones para quienes divulgan investigaciones privadas de manera indebida, por lo que incrementar las penas resultaría desproporcionado.
Además, enfatizó que la libertad de prensa cumple un rol fundamental en la sociedad, al permitir la exposición de situaciones irregulares e ilegales que, de otro modo, quedarían ocultas. Por ello, consideró que implementar una «Ley mordaza» sería un error grave, ya que limitaría la labor del periodismo y afectaría negativamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En definitiva, para Leal, preservar la libertad de prensa es esencial para garantizar la transparencia y la justicia.
Yasna Provoste en homenaje a Sergio Campos: «Informar con valentía fue un acto de resistencia que debemos seguir protegiendo en democracia»
Durante un emotivo homenaje al periodista Sergio Campos, la senadora Yasna Provoste destacó su valiente voz y su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, especialmente durante la dictadura.
Provoste respecto al proyecto llamado Ley Mordaza subrayó que informar con coraje, como lo hizo Campos, fue un acto de resistencia que dio esperanza a muchas familias, particularmente en regiones, que encontraron en su voz una fuente de verdad y dignidad en medio del silencio impuesto.
«Criminalizar el periodismo o limitar el acceso a la información son retrocesos inaceptables», advirtió la parlamentaria, recalcando que honrar el legado de Campos implica defender con fuerza la libertad de prensa en tiempos donde vuelve a estar amenazada.
Como mujer nortina y diaguita, Provoste enfatizó el impacto que tuvo la memoria comprometida del periodista en las comunidades más alejadas del poder central, donde su trabajo fue faro y refugio.
«El retroceso no es una opción», afirmó, haciendo un llamado a proteger el rol del periodismo como pilar esencial de la democracia.
Tomás de Rementería: «No hay que sancionar a quienes informan, sino a quienes filtran»
En medio del debate por el proyecto de ley que busca penalizar las filtraciones en procesos judiciales, el diputado Tomás de Rementería expresó su rechazo a cualquier intento de sancionar a periodistas por cumplir su rol informativo, y apuntó directamente a los verdaderos responsables: quienes intervienen en las causas y tienen acceso directo a la información protegida.
«El problema no está en los periodistas, sino en quienes filtran», sostuvo, señalando que fiscales, parlamentarios y otros intervinientes del sistema judicial tienen una responsabilidad clave en la custodia de los antecedentes de las investigaciones. De Rementería consideró preocupante el fácil acceso que tienen algunos actores a información sensible y llamó a reforzar los mecanismos de protección de datos dentro del sistema.
En su intervención, el parlamentario defendió el rol fundamental de la prensa en una sociedad democrática, destacando que sancionar a quienes informan solo debilita el derecho a la información. «La labor periodística es esencial y no se puede criminalizar a quienes le entregan a la ciudadanía datos que le permiten formarse opinión», enfatizó.
De Rementería evocó los casos de Edward Snowden y Julian Assange como ejemplos globales de la tensión entre la divulgación de información de interés público y la persecución de quienes la difunden. A su juicio, estos casos sirven como advertencia de lo que puede ocurrir cuando se castiga al mensajero en lugar de al responsable de la filtración.
«La prensa no debe ser repudiada por cumplir su función. Es a quienes manejan información confidencial a quienes les corresponde protegerla», concluyó, reiterando que la transparencia y el acceso a la información deben ser pilares del funcionamiento democrático y judicial del país.
Carolina Tello
Carolina Tello sostuvo que el foco del debate de la Ley Mordaza debe estar en reforzar los sistemas de control y supervisión para evitar filtraciones, considerando que ya existen normas y sanciones vigentes.
Destacó que lo fundamental es anticiparse a las infracciones, ya que una vez ocurrida la filtración, resulta complejo limitar el trabajo de quienes difunden la información.
También recalcó que tanto el acceso como la difusión de datos están amparados por derechos constitucionales y supraconstitucionales, y que la legislación en esta materia es clara.
Manouchehri: “La ‘Ley Mordaza 2.0’ busca blindar a los corruptos, no proteger la justicia”
El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó duramente el proyecto conocido como «Ley Mordaza 2.0», señalando que «No busca proteger la justicia, busca blindar a los corruptos», recordando que ya existen sanciones para quienes filtran información.
A su juicio, esta iniciativa va más allá de castigar a los responsables de las filtraciones y representa una amenaza directa contra la labor periodística. «Quiere encarcelar a periodistas. A los mismos que destaparon el Caso Hermosilla, el escándalo de ProCultura, las redes de corrupción que el poder prefería mantener ocultas. ¿Ese es el nuevo estándar? ¿Que el problema no es el corrupto, sino quien lo expone?».
Manouchehri defendió el rol de los medios de comunicación como una herramienta clave para la transparencia, especialmente cuando las instituciones no funcionan como deberían. «Cuando las instituciones fallan, la prensa libre es la última línea de defensa de la democracia y ahora quieren quebrarla. Perseguir al periodismo es dispararle a la verdad. Y sin verdad, no hay justicia», afirmó.
Con firmeza, cerró su intervención señalando: «Vamos a defender la libertad de prensa, porque sin ella, la democracia se pudre».
Senador Iván Flores advierte sobre riesgo a la libertad de prensa en proyecto sobre filtraciones
El senador Iván Flores García enfatizó que los derechos a informar y la libertad de expresión son fundamentales e indispensables en cualquier sociedad democrática.
Subrayó que los hechos de interés público deben estar al alcance de la ciudadanía para garantizar la transparencia y el acceso a la información.
Sin embargo, expresó que el proyecto referido a las filtraciones que algunos denominan como «Ley mordaza» está enfocado incorrectamente, ya que no distingue adecuadamente entre quienes filtran información y quienes ejercen legítimamente el derecho a informar.
Flores recalcó que de ninguna manera se debe vulnerar la libertad de prensa, un pilar esencial para el funcionamiento de la democracia.
Diputado Castro: «La libertad de prensa no puede verse afectada por ley sobre filtraciones»
«Con respecto a lo que son las filtraciones y un proyecto de ley que han presentado senadores», el diputado señaló que comprende la intención de proteger tanto la vida privada de las personas como el buen desarrollo de las investigaciones judiciales.
Sin embargo, advirtió que esto no puede convertirse en una excusa para afectar el rol fiscalizador de la prensa ni el derecho ciudadano a informarse.
A su juicio, «La democracia se sustenta en la posibilidad de la investigación periodística, en la posibilidad de que el común de la gente tenga acceso a la información», por lo que insistió en que no se puede usar esta discusión para limitar la labor de los medios.
Finalmente, afirmó que la solución no pasa por responsabilizar a periodistas o medios, sino por atacar las causas reales de las filtraciones: «No se puede cortar por el hilo más delgado, sino que hay que buscar la causa y eso remediarlo».
José Miguel Castro advierte sobre riesgo a la libertad de prensa
José Miguel Castro, abordó el proyecto de ley impulsado por senadores que busca enfrentar las filtraciones de información en investigaciones judiciales.
Si bien reconoció que «Me parece correcto en términos de que se pueda proteger la vida íntima de las personas y también las investigaciones para que lleguen a buen fin», fue enfático en señalar que esto no puede afectar el rol de los medios de comunicación.
Por eso, señaló que es fundamental que exista una regulación, pero aclaró que «No me parece que sea pidiendo impedimentos al trabajo libre de los medios de comunicación la forma adecuada de hacerlo», sobre todo considerando que quienes impulsan este proyecto «Son los amigos de Luis Hermosilla, quien ha sido el reflejo del mal vínculo entre los empresarios y la política con la impunidad en Chile».
