El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó en una entrevista con La Tercera la decisión de su cartera de introducir cambios al reglamento de la denominada “Ley Uber”.
Según explicó, el texto será publicado una vez que se cierre el diálogo con Contraloría, organismo que previamente ya había visado la normativa. Este paso refleja, en la práctica, un intento del Ejecutivo por destrabar un proceso que ha generado tensiones tanto técnicas como políticas.
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“Hay que hacer algo bien paradójico. Hay que publicar la versión antigua y repasarla rápidamente por la nueva versión del reglamento”. En esa línea, el secretario de Estado aseguró que el documento se encuentra en su etapa final de revisión, por lo que “habrá novedades pronto”, dejando entrever que el Gobierno busca acelerar definiciones en medio de la presión del sector.}
REGLAMENTO ORIGINAL DE LA LEY UBER
De Grange fue crítico con el reglamento original, señalando que “genera mucho daño no sólo a la industria. No sólo a los conductores de las aplicaciones, sino también a las comunidades, a los pasajeros, a los usuarios”. Con esto, instala la idea de que la regulación, tal como estaba concebida, podría tener efectos más amplios que los previstos, impactando incluso en la movilidad cotidiana de las personas.
Entre los puntos más cuestionados mencionó la exigencia de una cilindrada mínima de 1.400 cc, a la que calificó como “un exceso”, junto con otras condiciones como el límite de antigüedad de los vehículos y las restricciones para desplazarse entre comunas. A su juicio, estas medidas no solo encarecerían el servicio, sino que también podrían reducir significativamente la oferta de conductores.
En ese contexto, advirtió que uno de los efectos más sensibles sería el empleo, proyectando que la tasa de desocupación podría escalar hasta un 9,3% si se aplican estas exigencias sin ajustes. Esta advertencia apunta a un debate de fondo: cómo equilibrar regulación con acceso al trabajo en plataformas digitales.
MODIFICACIONES
Respecto a las modificaciones que se evalúan, el ministro sostuvo que “buscan mantener la conectividad en comunas periféricas, suburbanas y rurales, además de evitar incrementos tarifarios y deterioro en la calidad del servicio”. Es decir, el rediseño del reglamento intentaría corregir distorsiones sin afectar la cobertura ni el bolsillo de los usuarios.
Las declaraciones generaron reacciones divididas en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara. Desde el oficialismo, el diputado Ignacio Achurra (Frente Amplio) defendió el espíritu de la ley, recordando que su tramitación fue extensa y orientada a mejorar la seguridad. “La ley busca además equiparar las exigencias entre los servicios de aplicación y los taxis como exigir licencia profesional para los conductores. Me parece bien que el ministro de Grange tome este tema como prioritario, pero creo que se debe ser preciso en algunas informaciones. Primero, el reglamento otorga un tiempo de transición que permite que vehículos con hasta 10 años de antigüedad sigan operando”.
Asimismo, precisó que “no es real que los autos no puedan atravesar comunas. Por supuesto que pueden hacerlo, igualmente ir a otras regiones, pero volviendo siempre a su propia región. El reglamento es mejorable, pero debe hacerse con sentido de urgencia y no seguir dilatando la implementación de esta ley”. Sus palabras reflejan una preocupación por evitar que el debate técnico retrase aún más la entrada en vigencia de la normativa.
OPOSICIÓN
Desde la oposición, en tanto, la diputada independiente Marlene Pérez (UDI) advirtió sobre los riesgos de una regulación demasiado estricta: “por supuesto que las aplicaciones de transporte requieren un marco legal, pero debemos actuar con responsabilidad y criterio. La rigidez de las medidas propuestas podría provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes”. A su juicio, el desafío está en compatibilizar seguridad con continuidad del servicio.
En la misma línea, señaló que “Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Tenemos que ser cuidadosos y hacer los ajustes necesarios para no perjudicar justamente a quienes dependen de este sistema día a día”.
El diputado Felipe Camaño (DC) puso el foco en los efectos de nuevos cambios sobre los plazos de implementación: “el propio ministro, antes de asumir el cargo, había advertido que alterar estas exigencias generaría retrasos significativos en su implementación. Recordemos que la ley entrará en vigencia 30 días después de la publicación de su reglamento en el Diario Oficial”. Con esto, deja en evidencia la tensión entre perfeccionar la norma y no seguir postergándola.
CONTENIDO DE LA LEY UBER
Sobre el contenido del reglamento, añadió que “la ley señala que los requisitos técnicos deben equipararse a los exigidos para los taxis. En ese sentido, el tamaño de la cilindrada y la antigüedad máxima de los vehículos incorporados en el reglamento que ya se encuentra en trámite van a estar en la misma línea”.
Además, cuestionó la prolongación del proceso: “Durante el gobierno anterior insistimos en reiteradas ocasiones para que el reglamento de la nueva ley Uber fuera ingresado lo antes posible y así pudiera entrar en vigencia la ley. Este nuevo anuncio prolonga la incertidumbre. Los conductores operan sin normas claras, expuestos a multas arbitrarias que afectan su sustento diario. Finalmente sería bueno llevar este debate al Congreso para una discusión técnica y equilibrada que garantice una aplicación efectiva de la ley, protegiendo tanto a los conductores como también a los usuarios“.
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón (Partido de la Gente) subrayó el problema de fondo: “no es posible que hoy tengamos una ley aprobada, pero sin un reglamento claro para su aplicación, porque esa falta de definiciones genera incertidumbre y termina perjudicando a conductores, usuarios y al ordenamiento del transporte”.
“Por eso es urgente que el Gobierno entregue certezas y avance de una vez por todas, pero no con cualquier reglamento, sino con uno moderno, realista y centrado en la seguridad, tal como ocurre en otros países donde existen reglas claras e incluso zonas definidas para este tipo de servicios, ya que Chile no puede seguir con vacíos que afectan la calidad del servicio o que permiten riesgos innecesarios”.
PARTIDO REPUBLICANO SOBRE LA LEY UBER
Desde el Partido Republicano, el diputado Leandro Kunstmann fue más crítico con la administración anterior: “lo que hoy queda en evidencia es que el reglamento impulsado por el pésimo gobierno de Gabriel Boric, estaba mal diseñado y completamente desconectado de la realidad. Pretendían imponer exigencias que dejaban fuera a miles de conductores, afectando directamente el empleo y encareciendo un servicio que hoy es fundamental para muchas familias”.
Y agregó que “valoro que hoy se esté corrigiendo el rumbo, porque es necesario hacerse cargo de un diseño que, de haberse aplicado, habría golpeado fuerte tanto a los trabajadores como a los usuarios. Chile necesita regulaciones bien pensadas, que protejan el empleo y respondan a la realidad del país”.
En contraste, el diputado socialista Francisco Crisóstomo llamó a una mayor claridad por parte del Ejecutivo: “el Gobierno tiene que ser más claro en cómo va a enfrentar esta situación. Hoy miles de personas trabajan en aplicaciones de transporte y no podemos tomar decisiones que terminen afectando su fuente de ingresos”.
“Si el propio Gobierno reconoce que hay tiempos difíciles para muchas familias, también debemos evaluar mecanismos de apoyo o subsidios para quienes hoy están trabajando con sus propios vehículos en estas plataformas. Aquí lo importante es cuidar el empleo, mejorar la movilidad de la personas y avanzar en una regulación que sea justa para todos y todas”, agregó, incorporando la dimensión social al debate.
LEY UBER
Cabe recordar que a mediados de marzo, tras reunirse con representantes de plataformas como Uber, Didi y Cabify, junto a sindicatos de conductores, el ministro se fijó un plazo de entre dos y tres meses para implementar el nuevo reglamento. En esa instancia aseguró: “a aquellas personas que trabajan tanto jornada completa, jornada parcial, esporádica en las aplicaciones, transmitirles que estamos trabajando con un sentido de urgencia extraordinario”.
La ley, promulgada en abril de 2023, había quedado en pausa antes de su publicación definitiva durante el cambio de mando. En ese momento, se argumentó que la decisión buscaba otorgar mayores certezas a los trabajadores y permitir que las nuevas autoridades pudieran ajustar el proceso. Hoy, ese margen de maniobra se traduce en un debate abierto donde convergen intereses laborales, regulatorios y de movilidad, y que sigue sin una resolución definitiva.
