Desde el equipo investigativo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) están indagando “si es que hay responsabilidad política” del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en la liberación del sicario de Meiggs y, de paso, evalúan una ausación constitucional (AC) en su contra.
Así lo dio a colocer el diputado Jorge Alessandri.
“Desde que se supo esta liberación del sicario, el equipo investigativo de la bancada de la UDI y el propio de nuestra diputación han podido determinar muchos antecedentes muy relevantes. Hay una cadena de correos electrónicos con minutos de diferencia que podría apuntar al culpable”, aseveró.
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“Existe una audiencia de cinco horas de duración, con prensa presente, con gendarmes presentes y al final de esa audiencia, que termina a las 20:13 minutos del 9 de julio, se manda a las 20:17 un correo a la Gendarmería señalando que estas personas, los tres imputados, debían ingresar a prisión preventiva”, agregó.
“Siete minutos después, a las 20:25, se manda otro correo dejando sin efecto la orden anterior, diciendo que había un problema para identificar a uno de los imputados. Y tres minutos después, a las 20:28, otro correo emanado del Jzgado de Garantía, por supuesto con firma digital, real, no alterado, da la orden nuevamente de que ese imputado debe pasar a prisión preventiva”, relató.
TRES MINUTOS
“En esos tres minutos Gendarmería tiene que explicarnos exactamente qué ocurrió. ¿Por qué Gendarmería hizo caso al primer correo electrónico y no al segundo? ¿Por qué Gendarmería si tenía oficiales presentes en la audiencia?“, cuestionó.
A juicio de Alessandri “aquí, además, hay un problema grave del Registro Civil, por eso sale el primer correo que dice que hay problemas con la identificación, porque el Registro Civil se había demorado en asignarle un RUT provisorio”.
Por eso, advirtió, dado que “las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen del ministro de Justicia”, los equipos legales e investigativos de la bancada “están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias, pero también están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia para estudiar una acusación constitucional (AC)”.
