A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), la Asociación de Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios de Chile (Afutraparch) expuso su preocupación por las investigaciones en el marco del caso de uso irregular de licencias médicas.
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En la misiva, los funcionarios parlamentarios expusieron: «Queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a los anuncios difundidos por la prensa nacional, en los que se informa sobre el inicio de un proceso de fiscalización respecto del uso de licencias médicas por parte de funcionarios y trabajadores de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual comprendería, según lo señalado, un cruce de información con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)”.
De acuerdo a los funcionarios, “dicha situación resulta preocupante, no solo por la forma en que ha sido comunicada públicamente, sin mediar instancia institucional alguna que lo anticipe o trabajo previo con los sindicatos, sino especialmente porque este tipo de procedimiento excede las atribuciones legales y constitucionales que posee la Cámara de Diputadas y Diputados en materia de solicitud de informaciones personales de los trabajadores parlamentarios”.
«MODALIDADES CONTRACTUALES DISTINTAS»
En esa misma línea, apuntan que la policía civil “no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible sobre desplazamientos de personas físicas a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo y sin orden judicial que lo indique”.
“A diferencia de los órganos de la administración del Estado, respecto de los cuales la Contraloría General de la República puede solicitar datos con fundamento constitucional y legal, en este caso no existe habilitación normativa que permita requerir tales antecedentes a un órgano policial”, remarcan.
Asimismo, recalcan que, por ejemplo, entre el personal parlamentario compuesto por asesores, periodistas, conductores, secretarias y otros trabajadores, hay muchos de los cuales “prestan servicios bajo modalidades contractuales distintas, que no requieren presencia física permanente en el Congreso Nacional, y cuyas funciones pueden desarrollarse legítimamente en cualquier lugar del país e incluso fuera de el”.
«UNA AMENAZA A LOS PRINCIPIOS»
Y acusan que esto “constituye una amenaza a los principios que rigen la función parlamentaria y la autonomía técnica y territorial del trabajo que el personal parlamentario realiza”.
Además, enfatizan que “si lo que se busca es equiparar las obligaciones del personal parlamentario con las del personal de planta de la Corporación, debe considerarse también la necesidad de establecer condiciones de igualdad en el acceso a derechos laborales, beneficios y garantías que, actualmente, son exclusivos del personal institucional. La simetría en las exigencias debe ir acompañada, por tanto, de simetría en los derechos”.
“Nos preocupa especialmente que una iniciativa de estas características, cuya supuesta finalidad sería fiscalizar y transparentar, termine siendo instrumentalizada con fines mediáticos o políticos, sin el debido respeto por las normas legales ni por los derechos fundamentales de los trabajadores. Si se desea avanzar hacia un sistema robusto de fiscalización y transparencia, es indispensable hacerlo en el marco de reglas claras, con un diseño normativo adecuado, y no recurriendo a mecanismos de presión o exposiciones públicas que configuran verdaderas ‘cacerías de brujas’”, dicen.
En la parte final de la misiva, piden a Castro “reconducir este proceso, ajustándolo al respeto irrestricto de la legalidad, de los derechos laborales y del correcto funcionamiento de la institucionalidad parlamentaria” y afirman que concuerdan “con la necesidad de investigar cualquier posible delito en torno al mal uso de licencias, sin embargo, nuestro llamado es a que se haga de forma seria y sin amarillismo”.
