Lío en el Senado: Solicitan destitución del Secretario
El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, enfrenta una serie de controversias que incluyen demandas de despido, acusaciones de «caza de brujas» sindicales, malestar entre parlamentarios, una demanda ante la OIT, y una protesta pública en el hemiciclo durante el Año Nuevo. Ahora se suma una solicitud del exfiscal del Senado, Javier Norero, ante la Comisión de Régimen Interior, pidiendo su destitución por grave infracción al principio de probidad administrativa. Esta medida podría constituir delito si se determina que Guzmán actuó con dolo.
El 8 de julio pasado, el abogado Norero envió una carta al secretario general del Senado, señalando que dos elementos en un sumario ordenado por Guzmán constituían un «incumplimiento grave del deber de probidad administrativa». Esta falta, considerada la más seria en el Congreso, suele resultar en la destitución del denunciado. Además, podría conllevar el delito de prevaricación administrativa si se comprueba «dolo» por parte de Guzmán, como afirmó Norero.
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Las consecuencias para el Secretario general
Según abogados del Congreso, la gravedad del asunto obligaría al secretario Guzmán a informar a la Comisión de Régimen Interior, que supervisa su cargo, para que evalúe y eventualmente aplique una sanción administrativa basada en los antecedentes denunciados. Sin embargo, hasta ahora, «Raúl Guzmán ni siquiera lo ha mencionado en la comisión», advierte un senador.
“Sí, el 8 de julio representé al secretario general una infracción grave al principio de probidad administrativa cometida por él, en el marco de un procedimiento sumarial, en el cual se me formularon cargos luego de 6 meses de haber cesado en mis funciones, en virtud de un acto ilegal y arbitrario, cuya validez reclamé en los Tribunales de Justicia (…) vía recurso de protección y que la Corte de Apelaciones acogió”, explica el exfiscal Norero a El Mostrador.
Raúl Guzmán, el secretario general del Senado y ex Fiscal Regional Sur del Ministerio Público, es una figura poderosa en el Poder Legislativo. Sin embargo, desde que asumió en 2019, ha sido objeto de controversia tanto entre los empleados como los senadores.
Una de sus controversias más recordadas ocurrió durante la pandemia en junio de 2020, cuando Guzmán violó las restricciones por COVID-19 al almorzar en un restaurante de mariscos en San Miguel con dos amigos. Como resultado, la Seremi de Salud le impuso una multa de 50 UTM.
Conflictos laborales
Desde que asumió en 2019, Raúl Guzmán, secretario general del Senado y ex Fiscal Regional Sur del Ministerio Público, ha estado en el centro de varios conflictos laborales que han terminado en tribunales. Entre los legisladores, es conocido por enfrentamientos con Guillermo Miranda, exjefe de protocolo, por calificar de «desinformada» a Adriana Muñoz, expresidenta del Senado (PPD), y por tensiones con la senadora Yasna Provoste (DC) cuando ella lideraba la testera.
También generó controversia al contratar a una amiga sin título reconocido en Chile y al iniciar múltiples sumarios contra empleados, según la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional.
El caos causado por la «funa» de los senadores
Todo esto ha deteriorado el ambiente laboral en el Senado del Poder Legislativo, un sentir que aún se percibe en los pasillos del edificio en Valparaíso, y que deja amargos recuerdos entre muchos funcionarios.
“Comenté mi despido con los senadores Ossandón, Aravena, Bianchi y la senadora Provoste. (…) La senadora Aravena me dijo que no me retirara (sin un recurso pendiente en Régimen Interior), porque, si no, este caballero podría acusarme por abandono de trabajo. Guzmán postergó esa reunión y el 3 de enero me presenté a trabajar normalmente, porque la senadora me había dicho que fuera (…), me tocó a mí atender en las tribunas de la Sala de sesión y este caballero desde la mesa me vio que estaba cumpliendo mis funciones normalmente y me mandó a sacar con funcionarios de seguridad. Me bloqueó mi tarjeta de ingreso (…), no pude sacar ni mis cosas”, relata Hernán Muñoz, uno de los funcionarios despedidos por Guzmán.
En 2024, la demanda contra el secretario general ante la OIT fue admitida, y abogados junto a representantes de la Federación de Funcionarios viajaron a Ginebra para declarar, informando de esto a la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales). Miembros de la Comisión de Régimen confirmaron que «se ha presentado una demanda ante la OIT».
La problemática comenzó el 2023
Según diversas fuentes, el punto álgido de sus controversias comenzó el año pasado, tras una serie de cuestionamientos por maltrato laboral y los despidos de los funcionarios Hernán Muñoz, Cristina Araya, Alejandro Torres, y el entonces fiscal Javier Norero.
En los días previos al Año Nuevo 2024, un grupo de senadores liderado por Yasna Provoste realizó una protesta en contra de Raúl Guzmán por acoso, maltrato y hostigamiento hacia funcionarios y sindicatos, acusando una «caza de brujas». En la Sala del Senado, los legisladores mostraron afiches con la leyenda «LISTA DE DESEOS 2024: No más acosos.
No más hostigamientos. No más maltrato laboral», en señal de respaldo a los empleados de la Corporación. Provoste distribuyó cerca de 30 copias de los afiches entre sus pares, quienes los colocaron en sus pupitres mientras Guzmán estaba sentado junto al entonces presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma.
“El caso de Raúl Guzmán es conocido por todos»
La situaci del secretario general también ha sido discutido en la Comisión de Régimen Interior del Senado, la cual, como se mencionó anteriormente, supervisa su cargo. “El caso de Raúl Guzmán es conocido por todos y le diría que en todas las comisiones, en algún momento, algo se ha mencionado de él”, señala un parlamentario a El Mostrador.
A finales del año pasado, en la Comisión de Régimen Interior del Senado, se cuestionó al secretario Guzmán por la alta cantidad de sumarios abiertos, considerados excesivos por los legisladores. “En la sesión abordamos los sumarios pendientes que hay y el secretario quedó de traer un informe. Eran bastantes sumarios pendientes, no recuerdo el número exacto. Se le dijo que para nosotros era importante saber algunas cosas y que se cumpla lo que corresponde”.
“Este año ha estado más tranquilo Guzmán, ha tratado de tener un bajo perfil, pero está esperando un fallo de la Corte Suprema sobre Norero”, comenta un parlamentario por estos días.
El enfrentamiento con el exfiscal Norero
El despido que más conmoción causó entre funcionarios y senadores fue el de Javier Norero, exfiscal con más de 20 años en el cargo.
“Era su renuncia y se negó a firmar”, relató un testigo a El Mostrador poco después del episodio. El entonces fiscal Javier Norero estaba en calidad de «contratado a término», lo que significaba que su contrato debía renovarse cada 31 de diciembre. Sin embargo, Raúl Guzmán le informó de su despido inmediato “por no contar con su confianza”.
Las diferencias entre ambos comenzaron con la contratación del edecán del Senado, Cristian Marambio. Según fuentes cercanas al caso, Guzmán insistió en hacer su contrato a honorarios, mientras que Norero advirtió que el reglamento de la Corporación establecía que, al ser un cargo de confianza exclusiva de la Mesa, era ilegal hacerlo de esa manera y debía ser un cargo de planta.
Por otra parte, Javier Norero dijo escuetamente a La Segunda: hubo un mes de aviso, sino que me informó que el despido sería inmediato. (…) Es un despido injusto y arbitrario”.
Las acciones que tomó el abogado Norero tras su despido
Interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal contra el jefe administrativo del Senado. El 8 de febrero, el tribunal lo restituyó en su cargo.
“El acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía, como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales (…) por estimarlo infundado, no haberse llevado en su contra un sumario administrativo y por haber operado a su respecto el principio de confianza legítima en la mantención de su empleo”.
El regreso de Norero al Senado quedó en pausa cuando, el 12 de febrero, Guzmán apeló a la Corte Suprema a través del CDE. El fallo del máximo tribunal está en proceso desde marzo, con el ministro Juan Muñoz Pardo encargado de redactar el documento final.
Mientras tanto, Norero presentó una «representación» al secretario general del Senado según la ley, señalando un «incumplimiento grave del deber de probidad administrativa», una falta seria en la administración pública que podría resultar en destitución y constituir un delito en caso de dolo.
Se solicita la «destitución» por violación de la probidad administrativa
En mayo, seis meses después de su cese, Guzmán inició un sumario en contra de Norero, a pesar de que cualquier responsabilidad administrativa por el despido ya se había extinguido.
Norero solicitó la nulidad del sumario a la fiscal correspondiente, quien elevó la solicitud a Guzmán. Este la rechazó. Según Norero, este rechazo por parte del secretario general del Senado constituye una infracción al principio de abstención, al actuar como juez y parte en la instancia, lo que considera «deshonesto e ímprobo».
Según el documento de Norero, con el fallo de la Corte Suprema aún pendiente, Guzmán carece de autoridad para tomar cualquier acción administrativa respecto a su contraparte en el juicio. “Son hechos constitutivos de la infracción que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”.
En su documento de cinco páginas, Norero pide a Guzmán que informe a la Comisión de Régimen Interior sobre su solicitud de destitución por infracción grave a la probidad administrativa.
“Entonces hago presente que según lo disponen ambos cuerpos legales, la actuación indebida (…) constituye falta grave al principio de probidad administrativa, sancionada con destitución. (…) Solicité que el secretario general declare su inhabilidad, por carecer de imparcialidad, por existir juicio pendiente y manifiesta enemistad conmigo, y que, atendido que la Comisión de Régimen Interior tiene la supervigilancia del orden administrativo, entre lo cual está la supervisión del secretario general, tome las medidas para que se aplique lo que señala el texto expreso de la ley”, precisa Norero. “Y me encuentro a la espera de la resolución del secretario general respecto de mi presentación”, agrega.
Fuente del Congreso
“En resumen, lo que hace Norero es representar o comunicar a Guzmán que ha cometido dos actos ilegales bajo la ley de probidad administrativa y que debe informar a la Comisión de Régimen Interior para que se le destituya. Y luego de haber acusado recibo, Guzmán tiene un plazo de 30 días para responder a Norero por el oficio y, si no acepta, Norero apela a la comisión y al presidente del Senado. Como si se denuncia un delito, los parlamentarios estarían obligados a hacer una denuncia”, explica una fuente del Congreso que conoce los hechos.
