Durante las últimas semanas, el Servicio Electoral (Servel) ha intensificado su fiscalización y rechazado rendiciones completas de gastos de campaña a candidatos a gobernador, afectando incluso el financiamiento de varios partidos. Entre los nombres más destacados figuran María José Hoffmann (UDI), Macarena Santelices (Partido Republicano) y Claudio Orrego (IND).
Lea también Gobierno presente ley antidíscolos II
SERVEL RECHAZA PARTE DE LOS GASTOS DE MARÍA JOSÉ HOFFMANN
La vicepresidenta de la UDI declaró ingresos y gastos por $418 millones en su campaña a la Gobernación de Valparaíso. De ese monto, solicitó al Servel un reembolso por $285 millones: $158 millones para pagar cuentas pendientes y $126 millones para saldar un crédito con BancoEstado.
Aunque el organismo le aprobó una devolución de $214 millones, correspondiente a los votos que obtuvo en primera y segunda vuelta, también rechazó más de $62 millones por gastos considerados irregulares. Entre ellos, boletas de honorarios emitidas por tres colaboradores: su jefe de campaña Samuel Chávez ($11,8 millones), la coordinadora general Viviana Núñez ($5,9 millones), y el audiovisualista Jorge Martínez ($3,4 millones).
SANTELICES: RENDICIÓN COMPLETAMENTE RECHAZADA
Más grave fue el caso de Macarena Santelices. El Servel rechazó la totalidad de su rendición de $740 millones por “inconsistencias y omisiones graves”. La exvocera de José Antonio Kast destinó $211 millones al pago de un crédito y $527 millones a cubrir otros servicios.
Dos facturas levantaron las principales alertas: una por $160 millones emitida por The 975 SpA —empresa vinculada al esposo de la candidata— que había sido anulada ante el SII, y otra del estudio jurídico Abogados Montalva Ltda. por $52 millones, del propio administrador de campaña Carlos Montalva, pese a que la ley exige que esa labor la realice una persona natural. El Servel concluyó que Santelices no acreditó el 20% de los gastos, por lo que rechazó su contabilidad completa.
CLAUDIO ORREGO: CUESTIONAMIENTOS POR PAGOS Y DOBLE FUNCIÓN DE COLABORADORES
El gobernador metropolitano Claudio Orrego enfrenta reparos del Servel por pagar $20,6 millones a su administrador electoral, Andrés Wallis, superando el límite legal de $13 millones. Además, se detectó que Wallis delegó funciones en otras personas, lo que infringe la norma de que su rol es indelegable.
También se objetaron pagos por $6,8 millones a María Dobud, quien apoyó tareas contables, y rendiciones por $44,2 millones correspondientes a 13 colaboradores que paralelamente trabajaban en el Gobierno Regional Metropolitano (Gore).
CASOS EN O’HIGGINS Y TARAPACÁ: OBJECIONES TOTALES
El Servel rechazó por completo las cuentas del gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (PS), por presentar «inconsistencias u omisiones graves» en su contabilidad. Silva había declarado ingresos por $101 millones y gastos por $24 millones.
Situación similar vivió José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, cuya rendición por $137 millones fue cuestionada con 35 observaciones, incluyendo facturas fuera de plazo.
IMPACTO GENERAL: $719 MILLONES SIN REEMBOLSO
De las 16 campañas de gobernadores auditadas, al menos 14 recibieron objeciones. En total, los candidatos declararon ingresos por $3.248 millones y gastos por más de $3.264 millones. El Servel aprobó reembolsos por $2.288 millones, pero dejó fuera más de $719 millones. Además, se detectaron $400 millones en gastos no acreditados y $181 millones en ingresos inconsistentes.
Claudio Rojas, excandidato del Partido de la Gente (PDG) al cargo de gobernador metropolitano, también sufrió el rechazo total de su rendición por $218 millones. El Servel detectó irregularidades cometidas por su administrador electoral, Miguel Azar. El caso ahora está en manos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), y de perder el reclamo, el PDG arriesga una pérdida de $378 millones.
A esto se suma la reciente revelación de que el partido ya había perdido $628 millones en aportes fiscales por observaciones al balance financiero de 2022, situación que terminó por dejarlo sin sede ni financiamiento estatal.
