El exagente de la DINA Armando Fernández Larios comparecerá mañana ante un tribunal migratorio del estado de Miami, en EE.UU.
Hace tres semana el exoficial del Ejército apareció en el portal “Arrested: Worst of the Worst” («lo peor de lo peor») del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, plataforma que reúne casos de arrestos destacados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El exagente tiene antecedentes judiciales conocidos en Estados Unidos por el atentado de 1976 en Washington donde murieron el excanciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt.
Lea también: Formalización del exfiscal Manuel Guerra ya tiene fecha
Llegó a EE.UU. tras un acuerdo con fiscales federales: se declaró culpable por encubrimiento en ese crimen y cumplió una pena de prisión de cinco meses.
En Chile, Fernández mantiene cinco causas que son indagadas por la ministra en visita Paola Plaza: dos son por causas relacionadas con la Caravana de la Muerte, una por la causa Pisagua, otro en el caso del exembajador Orlando Letelier y otra catalogada como “Carmelo”. Hay al menos cinco solicitudes de extradición que ha dictado la Corte Suprema en su contra.
EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN
No hay claridad respecto de la situación migratoria del exagente de la DINA.
Fue detenido por el ICE en Fort Myers, Florida, y desde ese momento ha permanecido detenido en el Centro de Procesamiento Krome, en el estado de Miami, donde estaría catalogado como una persona en situación migratoria irregular, puesto que no se han aportado antecedentes que den cuenta de un estatus legal vigente.
Su situación migratoria será revisada por el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, donde se iniciará su proceso judicial.
De acuerdo con La Tercera, ni Cancillería ni ningún organismo nacional participaría de la causa migratoria de Fernández Larios en Estados Unidos, pues se trata de un caso que lleva EE.UU. en su contra.
Eso cambiaría si se dicta su expulsión o deportación, pero eso podría demorar más de un año por todas las apelaciones a los dictámenes judiciales que el sistema estadounidense permite.
