El ministro de Hacienda, Mario Marcel, desdramatizó el informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades por US$1.600 millones en diversas reparticiones del Estado.
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Según detalló, apenas el 2,6% de ese monto –equivalente a US$17,5 millones– corresponde a gastos que efectivamente deben ser devueltos al erario público o respaldados adecuadamente.
EL INFORME
El informe, que abarca a municipalidades, universidades estatales, Carabineros y varios ministerios, ha reavivado el debate sobre la eficiencia del gasto fiscal. Marcel fue enfático al señalar que no se trata de fondos “perdidos”, sino de montos objetados por falta de precisión en su rendición o documentación.
Según señaló el jefe de la “billetera fiscal”, el problema no es propio de esta administración en particular, pese a que en este Gobierno se incumplieron las metas fiscales en 2024. Asimismo, apuntó que, dado el tamaño del aparato público, el volumen total de observaciones no es inusual.
FALLAS ADMINISTRATIVAS
En ese sentido, Marcel aseguró que de los 1.600 millones de dólares, solo 17,5 millones de dólares van a tener que ser restituidos, lo que equivale a un 2,6%. El resto correspondería a fallas administrativas o desórdenes contables que pueden ser corregidos.
Aun así, las críticas no se hicieron esperar. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, afirmó que este monto objetado podría permitir una rebaja de hasta tres puntos en el impuesto corporativo.
No obstante, expertos como José Antonio Valenzuela, del Centro de Estudios Pivotes, advirtieron que reducir ese monto no implica automáticamente un espacio de mayor holgura fiscal.
Según Contraloría, el 70% de los montos observados corresponde a entidades del Gobierno Central. Y el resto a municipios y gobiernos regionales. Esto ha renovado el debate sobre la necesidad de fortalecer las facultades fiscalizadoras del órgano contralor. Tanto en dotación de personal como en control preventivo.
FINES POLÍTICOS
En el Congreso ya se tramitan proyectos en esa línea. El presidente del Senado, José Manuel Ossandón, afirmó que la propia contralora, Dorothy Pérez, le entregó una minuta con las reformas necesarias para el órgano contralor.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, llamó a no utilizar el informe “con fines políticos”. Y advirtió contra “interpretaciones” al estilo de las “motosierras” argentinas, en un claro guiño al gobierno de Javier Milei.
