«Anuncio que esto tendrá consecuencias, por el bien de los chilenos», dijo el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) tras ser exculpado, en un proceso judicial que duró once años, de todos los cargos en el caso SQM.
La causa decía razón con delitos tributarios por la facilitación de facturas ideológicamente falsas de la sociedad de su exasesor Cristián Warner a la minera no metálica.
«Mi calvario no me lo devuelve nadie. La tortura, nadie. Buscaremos la fórmula y lo haré a partir de hoy, como candidato y también como sujeto de derecho en estado de inocencia ratificada en dos juicios penales orales, que ningún compatriota padezca lo que yo viví. No sé si un ser humano puede soportar lo que yo viví», sostuvo en entrevista con radio Cooperativa.
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ME-O -que corre por su quinta carrera presidencial a La Moneda luego de sus intentos en 2009, 2013, 2017 y 2021- aseguró que el veredicto fue «contundente».
«Once años de persecución y un expediente vacío. No encontraron nada porque no había nada», recalcó.
Dijo, también, que fue objeto de una «persecución política», donde 28 persecutores, abogados de Impuestos Internos (SII) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se dedicaron a «construir causas» en su contra.
«La condena era el plazo. El truco de los fiscales era tenerme en este caso once años proscrito», acusó.
REFORMA AL MINISTERIO PÚBLICO
Enríquez-Ominami criticó que fue el único líder político de todas las campañas investigadas en el caso SQM contra el cual se querelló el Servicio de Impuestos Internos (SII). A su juicio, eso evidencia una «arbitrariedad y sesgo» por parte de los servicios públicos con la intención de destruir su carrera.
Asimismo, lamentó que ninguno de quienes lo «fusilaron» políticamente le haya pedido perdón después del fallo.
«Me dijeron corrupto. Me encantaría, si fueran gente noble, (pero) creo que no lo son, no tienen nobleza. Con los mismos deditos con que me insultaron y escribieron artículos, ahora me gustaría leer (sus disculpas), once años después», expresó.
ME-O también propuso una profunda reforma al Ministerio Público, que incluya la «elegibilidad directa por sufragio universal de los fiscales regionales», la creación de «un Consejo de la Magistratura para el nombramiento de jueces», y la implementación de una estructura jerárquica que dote al ente persecutor de un «jefe» o autoridad, pues «es intolerable que la Fiscalía no tenga jefe».
