Una denuncia administrativa contra los persecutores de la Fiscalía Regional de Valparaíso que llevaron la investigación del caso SQM presentó ante la Fiscalía Nacional el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O).
La acción fue ingresada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, y está dirigida al fiscal nacional Ángel Valencia.
“La Fiscalía tiene que hacerse responsable. Quiero saber quiénes inventaron el caso, que entreguen los e-mails y comunicaciones internas”, dijo ME-O a la salida.
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La semana pasada, durante la lectura del veredicto donde fue absuelto de los delitos de cohecho -la investigación demoró casi 11 años- el tribunal cuestionó la falta de pruebas, los errores procesales y la extensión del juicio.
“Los fiscales de la República buscan la verdad. Yo quiero la verdad de los fiscales”, agregó el candidato, que considera que fue objeto de una persecución judicial con motivaciones políticas.
¿HUBO ARBITRARIEDAD?
La acción legal busca que se abra una investigación para determinar posibles responsabilidades de las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione, y de otros exintegrantes del Ministerio Público que participaron en la causa, como el exfiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, a quien se acusa de haber conducido la investigación de manera “discrecional” y de haber dejado fuera a dirigentes políticos que enfrentaban situaciones similares.
la denuncia de ME-O apunta, también, a la prolongación “injustificada” del juicio oral, que -según la defensa- habría operado como una forma de castigo anticipado,
El escrito menciona ocho hechos que evidenciarían irregularidades y falta de objetividad en la investigación:
-Filtraciones de información reservada.
-Decisiones arbitrarias y discriminatorias.
-Formalización sin querella del Servicio de Impuestos Internos.
-Deficiente redacción de la acusación.
-Falta de control jerárquico.
-Dilación y engaño al tribunal.
-Desproporción entre esfuerzo fiscal y resultados.
-Persecución dirigida y sesgo político.
Marco Enríquez-Ominami pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenar una investigación administrativa formal para esclarecer los hechos, identificar posibles infracciones disciplinarias y adoptar medidas correctivas dentro del Ministerio Público.
El objetivo, según la presentación, es determinar si existió un uso arbitrario del poder persecutor.
ME-O anunció que el próximo jueves presentará una segunda acción.
