El reciente ataque informático que afectó a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) abrió un flanco inesperado para el Ministerio de Seguridad: la fragilidad de los sistemas digitales en instituciones públicas claves. A más de dos semanas del incidente, los servicios aún no han sido completamente restituidos y persisten dudas sobre el manejo de la emergencia.
El hackeo, ocurrido el 11 de septiembre, habría ingresado a través de un software de la División de Estudios, donde se manejan bases de datos sensibles como cifras de delitos, análisis territoriales y evaluaciones de políticas públicas. Según expertos, la vulneración coincide con el proceso de migración administrativa de la SPD desde Interior hacia el recién creado Ministerio de Seguridad, un periodo que pudo haber generado brechas técnicas.
Lea también Kast convierte la inseguridad en eje de su propuesta presidencial
Desde la subsecretaría, que encabeza Carolina Leitao, se subraya que no se ha detectado pérdida de información crítica y que se activaron protocolos de contingencia para mantener la continuidad de funciones esenciales. Sin embargo, parte de los sistemas administrativos, de gestión de personal y de consulta ciudadana siguen fuera de servicio.
INVESTIGACIÓN ABIERTA Y PRESIÓN POLÍTICA
La denuncia presentada ante la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Ciberseguridad busca determinar a los responsables y establecer cómo operó el ransomware. La ANCI advirtió este tipo de malware, emitió cuatro alertas preventivas en junio y en julio registró un ataque similar al Instituto de Salud Pública.
En paralelo, fuentes de gobierno admiten molestia por el bajo perfil con que se ha abordado el caso y por la falta de información precisa sobre el impacto real del ataque. Mientras tanto, equipos técnicos trabajan en la recuperación de 40 computadores y la reactivación completa de los sistemas, lo que podría ocurrir recién el 6 de octubre.
El episodio instala un debate mayor: si las instituciones públicas cuentan con la capacidad técnica suficiente para enfrentar la creciente amenaza de ciberataques que ya golpea a organismos estatales estratégicos.
