El Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert, enfrenta un creciente cuestionamiento político e institucional tras la desvinculación de 10 abogados clave en causas de crimen organizado, sumado ahora a la revisión de Contraloría por un oficio enviado a la PDI que podría exceder sus atribuciones legales.
Las críticas acusan una contradicción de fondo: mientras la ministra llegó prometiendo “recuperar el Estado de Derecho”, sus decisiones debilitan las herramientas del propio Estado para enfrentar la delincuencia.
DESPIDOS QUE GOLPEAN CAUSAS CLAVE
Los abogados desvinculados del Ministerio de Seguridad participaban en investigaciones de alta connotación, incluyendo casos de crimen organizado, homicidios de carabineros y atentados.
Entre ellos destaca Rodrigo Barros, quien intervino en la condena a presidio perpetuo contra los hermanos Antihuén por el asesinato de tres carabineros en la provincia de Arauco, así como en causas contra el Tren de Aragua y en el proceso que terminó con la condena de Héctor Llaitul.
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Al momento de su salida, el profesional también trabajaba en la investigación por el homicidio reciente de un funcionario policial en Puerto Varas, lo que incrementó la preocupación interna.
Fuentes del ministerio advierten que la carga de causas supera ampliamente la dotación disponible, incluyendo delitos de trata de personas, explotación sexual y crimen organizado internacional, escenario que podría agravarse tras los despidos.
La decisión, según antecedentes, responde tanto a criterios políticos como al recorte presupuestario del 3% aplicado por el Gobierno, además de una reestructuración interna.
PREOCUPACIÓN INTERNA
La salida de estos profesionales generó inquietud dentro de la cartera, no solo por la pérdida de experiencia acumulada, sino también por el impacto en investigaciones en curso.
Esto ocurre en paralelo a declaraciones recientes de la propia ministra, quien valoró el trabajo del ministerio en la obtención de condenas emblemáticas, lo que profundiza la percepción de incoherencia en la gestión.
CONTRALORÍA ENTRA AL RUEDO
A este escenario se suma un nuevo flanco: la intervención de la Contraloría General de la República, que revisará la legalidad de un oficio enviado por Steinert al director de la PDI.
El diputado Raúl Leiva (PS) impulsó el requerimiento y solicitó al órgano encabezado por Dorothy Pérez determinar si la ministra transgredió los límites legales al pedir antecedentes sensibles sobre una investigación penal en curso.
El oficio, emitido a menos de 48 horas de haber asumido, solicitó información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá vinculados al denominado “Clan Chen”.
Entre los datos requeridos se incluyen identidades completas, traslados, destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o penales, lo que encendió alertas sobre una posible vulneración del secreto de la investigación.
DUDAS SOBRE LÍMITES LEGALES
El diputado Leiva advirtió que, si bien el Ministerio de Seguridad puede solicitar información a las policías, existen restricciones cuando se trata de causas en curso, especialmente si se comprometen diligencias investigativas o datos sensibles.
Asimismo, cuestionó que el requerimiento haya sido formulado solicitando información “en bruto” y no informes consolidados, lo que contravendría con el diseño legal vigente.
Otro elemento que genera controversia es el rol previo de Steinert como fiscal regional de Tarapacá, donde se desarrolla la investigación, lo que abre interrogantes sobre eventuales conflictos de interés.
CUESTIONAMIENTOS A STEINERT
Las polémicas no terminan ahí. La ministra ya había sido cuestionada por solicitar la renuncia de la jefa de inteligencia y crimen organizado de la PDI, Consuelo Peña, en medio de investigaciones sensibles.
También enfrenta críticas por la permanencia de su asesor Francisco Chambi, vinculado a un informe de Contraloría por viajes al extranjero con licencia médica, y por la designación de una persona de su círculo cercano en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En este contexto, se instala una pregunta clave en el debate público: ¿cómo se puede priorizar la seguridad mientras se recortan equipos especializados, se tensionan las instituciones y se abren dudas sobre el respeto a los límites legales en investigaciones en curso?
