Un nuevo flanco de debate generó el ingreso al Congreso de la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el cual contempla la eliminación de las asociaciones de funcionarios.
Cabe precisar que, el proyecto incluye disposiciones transitorias que separan las funciones de seguridad de las labores de reinserción social. Estas últimas pasarán a un nuevo servicio especializado bajo el Ministerio de Justicia, para lo cual el Ejecutivo tendrá un plazo de 12 meses para ingresar el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. Mientras tanto, Gendarmería continuará cumpliendo esa tarea de forma provisoria.
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CONTROVERSIA POR REFORMA A GENDARMERÍA
Sin embargo, la controversia se generó con la disolución automática de las organizaciones gremiales, una medida que generó rechazo en algunos sindicatos de funcionarios.
De hecho, el Frente de Trabajadores Penitenciarios envió una carta al presidente Boric cuestionando la reforma y advirtiendo que los problemas del sistema son estructurales.
Su presidente, Benito Saravia, replicó a través de Biobío Chile que la reforma no aborda falencias como la falta de personal, infraestructura y tecnología. Esto, recordando que las asociaciones existen desde hace más de 65 años, por lo que cuestionó las declaraciones de Cordero.
Pese a ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la iniciativa y afirmó que «no pueden existir sindicatos con armas», señalando que la decisión busca facilitar una depuración interna en el marco de las investigaciones por corrupción.
Otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ven en la reforma una buena manera de abordar la problemática. Así lo indicó el presidente de este gremio, Mario Benítez.
Ahora, el proyecto deberá enfrentar su tramitación legislativa, mientras el Ejecutivo espera un avance rápido ante la mayor crisis en la historia de Gendarmería.
