El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó la aprobación en general en el Senado del proyecto de ley que abre la puerta a la conmutación de penas privativas de libertad, advirtiendo que la iniciativa presenta problemas de técnica legislativa y riesgos para la seguridad pública.
Durante una entrevista con 24horas, la autoridad sostuvo que la propuesta, que ahora deberá continuar su tramitación legislativa, tiene un diseño que podría generar efectos masivos en el sistema penal, más allá de su propósito original.
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“El problema central de este proyecto es que tiene una técnica legislativa deficiente. Su amplitud puede provocar un impacto muy significativo en el número de personas que podrían acceder a beneficios”, afirmó.
RIESGO DE BENEFICIAR A MILES DE CONDENADOS
Según explicó el ministro, el alcance de la iniciativa permitiría que más de 10.000 personas condenadas pudieran eventualmente acceder a modalidades alternativas de cumplimiento de pena, como el arresto domiciliario, debido a criterios amplios vinculados a edad o condiciones de salud.
A juicio de Cordero, el proyecto busca originalmente beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, pero su redacción podría extender el beneficio a un universo mucho mayor de internos.
“Cuando usted diseña una norma con esa amplitud y sin distinguir adecuadamente por tipo de delito, el impacto puede ser masivo”, señaló.
CRÍTICA POR IMPACTO EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS
El ministro también cuestionó el trasfondo de la iniciativa, indicando que el proyecto resulta “moralmente inaceptable” debido a su potencial impacto en las condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
“Los delitos de lesa humanidad tienen un consenso institucional muy claro: las condenas deben cumplirse íntegramente por la gravedad de esos crímenes”, afirmó.
Cordero agregó que muchos de los condenados por estos delitos no han entregado antecedentes útiles sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas, lo que refuerza las críticas del Ejecutivo a la propuesta legislativa.
ARGUMENTOS DEL PROYECTO SON CUESTIONADOS
El titular de Seguridad Pública también rechazó uno de los argumentos utilizados por los impulsores de la iniciativa, quienes sostienen que permitir el cumplimiento de penas en el domicilio podría prolongar la vida de los condenados y facilitar avances en las investigaciones judiciales.
SEGÚN EL MINISTRO, ESA PREMISA NO SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LOS CASOS.
“Los principales beneficiados por esta iniciativa son personas que ya están condenadas, y que durante sus procesos no han entregado nuevos antecedentes relevantes para las investigaciones”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que, si los autores del proyecto buscaban incentivar la colaboración judicial, debieron establecer mecanismos que condicionaran los beneficios a la entrega de información útil, lo que no ocurre en la propuesta actual.
— 24 Horas (@24HorasTVN) March 5, 2026
