Política

Ministro Cordero rechaza ley Mordaza: «Ya hay normas»

Cristian Navarro H.

Periodista

Cordero sistema penal
Foto: Agencia Uno.
En un punto de prensa, Cordero subrayó que “las filtraciones son ilegales” y recordó que ya existe una “prohibición expresa en los casos con secreto reforzado

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, reiteró este jueves que el Gobierno no respalda el proyecto de ley impulsado por senadores que propone penas de cárcel para quienes filtren información de causas judiciales reservadas. La iniciativa ha sido criticada por diversos sectores, entre ellos el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, que la han denominado “Ley Mordaza 2.0” por sus eventuales efectos sobre la libertad de prensa.

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En un punto de prensa, Cordero subrayó que “las filtraciones son ilegales” y recordó que ya existe una “prohibición expresa en los casos con secreto reforzado”, así como “funcionarios con deberes preferentes de resguardo”. Aun así, insistió en que no se deben confundir esas obligaciones con el rol que cumple la prensa. “En una sociedad democrática la libertad de prensa es clave”, sostuvo.

El ministro afirmó que las normas vigentes bastan para sancionar las filtraciones y sostuvo que el Ministerio Público debe investigarlas cuando ocurren, sin que se requieran nuevas leyes.

DEFENSA DEL PROYECTO

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador Pedro Araya (PPD), explicó en Radio ADN que el objetivo del proyecto es “regular la adecuada investigación penal, resguardando la información secreta y estableciendo límites entre la vida privada y los antecedentes que deben conocerse”.

Araya negó que se trate de una “Ley Mordaza” y aseguró que el proyecto constituye solo una “precisión de texto” basada en normas ya vigentes. Además, recordó que el Congreso aprobó disposiciones similares durante la tramitación de la ley sobre técnicas especiales para investigar el crimen organizado, sin que entonces surgieran críticas.

El legislador afirmó que el proyecto responde a un problema real identificado por el propio Ministerio Público: las filtraciones que afectan la calidad de las investigaciones penales.

 

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