«Cuando usted dice que las cárceles están descontroladas, eso implicaría que no haya una institución estatal capaz de resguardar el orden, y Eso no ocurre en Chile», aseguró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Sí reconoció que «tenemos establecimientos penitenciarios sobrepoblados, con un 145% de ocupación, y presencia de bandas de crimen organizado que antes no teníamos».
En conversación con Radio Pauta el secretario de Estado, además de descartar un descontrol en los penales chilenos, se refirió al debate sobre la seguridad y la crisis penitenciaria.
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Consultado sobre la politización del tema, Gajardo aseveró que «la política penitenciaria tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser algo que trascienda a las ideologías y que no cambie según el Gobierno. No debemos utilizar estos temas en campañas políticas. Hay que ser serios, responsables y dar un debate con altura de miras».
UN DESAFÍO NUEVO
Gajardo admitió que «hoy tenemos presencia de bandas transnacionales dentro de las cárceles, algo que no era habitual antes. Por eso hemos creado un plan de máxima seguridad y hemos reinaugurado recintos especiales para aislar a los líderes y evitar que fortalezcan sus redes desde adentro».
Recalcó que “tenemos detenidos a los líderes del ‘clan de los gallegos’, una ramificación del Tren de Aragua, porque se realizó una investigación penal exitosa”.
El ministro de Justicia también se refirió a las denuncias de extorsiones y el modo en que operan estas bandas en las cárceles.
“Gendarmería tiene identificadas las bandas más peligrosas. Cuando tuvimos denuncias de extorsiones en 2022, distribuimos a los internos en módulos de máxima seguridad. Hubo críticas, pero la Corte nos dio la razón de que era necesario por seguridad”, aseguró.
ASIGNACIÓN ESPECIAL
Gajardo abordó también el tema de la corrupción en Gendarmería y reconoció que la integridad institucional es un factor crítico para evitar el avance del crimen organizado.
“En el proyecto de ley, que esperamos se apruebe pronto, hay una asignación especial para los funcionarios de alta y máxima seguridad, y se prohíbe que tengan organizaciones sindicales en esos cargos. Estas propuestas fueron elaboradas con seriedad y están en el Congreso”, afirmó.
Asimismo, expuso respecto de sugerencias como la de implementar modelos carcelarios como el de Bukele, que «podemos mirar experiencias internacionales, pero cada país tiene realidades distintas».
«Nuestro modelo debe responder a nuestras propias características y desafíos. Más que frases altisonantes o soluciones espectaculares, necesitamos políticas públicas responsables y estables», recalcó.
