«Producto de las facilidades que tiene la ley, (las fundaciones) tienen una constitución con mucha rapidez, y ahí, evidentemente, cuando el Estado asigna fondos a corporaciones o fundaciones que tienen muy poco tiempo, los niveles de exposición de riesgo son extremadamente altos», comentó El ministro de Justicia, Luis Cordero.
El secretario de Estado abordó nuevamente el escándalo por los casos convenios y lo hizo en dos entrevistas: una publicada en El Mercurio y la otra, en el programa Estado Nacional.
En la primera, dijo que, aunque aún hay cosas por analizar, ya hay otros puntos que han ido quedando claros, entre ellos los «riesgos extremadamente altos» que tiene para el Estado la asignación de recursos a fundaciones muy nuevas.
Los cuestionamientos por las transferencias directas desde organismos estatales a fundaciones ya alcanza nueve regiones con distintas causas, en su mayoría asociadas a sectores del Frente Amplio, lo que ha provocado una crisis al interior del oficialismo y el Gobierno.
Frente a esto, Cordero alertó que «todavía tenemos bastante que ver» respecto a la polémica, pero que de todos modos ya «hay un parámetro común: normas de transferencias demasiados porosas, por un lado, que generan condiciones de vulnerabilidad muy grandes en la gestión pública».
MEDIDAS
En cuanto a los antecedentes solicitados por su cartera a fundaciones, el ministro informó que «Democracia Viva remitió parcialmente antecedentes y ha solicitado prórroga», mientras que en el caso de las otras «tienen todavía plazo vigente para responder, que vence el martes de la próxima semana».
Además de estas medidas de fiscalización, recordó que desde el Ministerio de Vivienda también se anunció la revisión del modelo de transferencia y las exigencias sobre las cuales descansa el sistema de transferencias.
«El ministro (Carlos) Montes ha señalado que esto se ha detenido, mientras no se reordene el instrumento administrativo como lo están ejecutando en la actualidad», aseguró, y agregó que esta situación «es una oportunidad para que los gobiernos regionales comiencen a mirar -esto ya no depende del gobierno central- la forma y modo en que han estado ejecutando y realizando los convenios de transferencia».
«EN PROCESO»
En su intervención en Estado Nacional el ministro respondió sobre los fondos estatales entregados a fundaciones. En el caso específico de Democracia Viva -$426 millones por parte de la seremi de Vivienda de Antofagasta- destacó que su restitución estaría «en proceso».
«Eso, de los antecedentes que nosotros tenemos, se ha cumplido, y de hecho en este caso en particular, la etapa final en la que está es verificar las rendiciones de cuentas que estaban pendientes, que se habían presentado y que había que verificar para efectos de la devolución de los recursos», agregó.
Respecto de los montos, pese a que no detalló cifras específicas, el titular de Justicia precisó que «era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial, por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos».
Afirmó además que «esta situación, la que sucedió en Democracia Viva, es única y exclusivamente responsabilidad de hechos ocurridos durante esta administración, y en eso, el ministro Montes no ha tenido dos discursos sobre ese punto».
«Aquí hay varias cosas que son relevantes y por eso explicar cómo operan es tan importante. Cuando tú tienes un mecanismo de transferencias, hay ciertas obligaciones de a qué tipo de cuenta corriente la tiene que transferir, que tiene que ser una cuenta separada habitualmente. En segundo lugar, de qué se rinden cuentas, los momentos en los cuales se rinde cuenta, y por lo tanto, usted no puede cuando recibe fondos del Estado en transferencias destinarlos a otros fin, tienen que estar ahí permanentemente sujetos a escrutinio para efectos de la rendición», añadió.
Tras ello, llamó a «tener cuidado en todas estas dimensiones, cuando miremos retrospectivamente en un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son de responsabilidad política. Estas últimas probablemente creo yo, son a veces en ocasiones, o en contextos de estas características, más importantes».
DEFENSA DE MINISTROS
Por otro lado, el ministro Cordero defendió a sus pares de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Vivienda, Carlos Montes, a propósito del anuncio de la oposición de estudiar posibles acusaciones constitucionales en contra de ambos.
Respecto del caso de Jackson, dijo «yo todavía no logro entender cuál es el vínculo con el convenio, salvo su militancia en RD. Uno tiene que evaluar a los ministros por los desempeños de sus sectores, no por las afiliaciones a las cuales pertenecen. Yo logro entender esa crítica desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de responsabilidad jurídica, no veo vínculo, salvo que entremos en una dinámica de representar las ideas, o las preferencias personales, como parte de su responsabilidad personal».
«Hasta ahora no hay ningún antecedente que esté vinculado. Por el contrario, en lo que se refiere a la investigación de Atacama de su Ministerio en particular, han tenido una reacción muy proactiva», añadió.
Sobre las gestiones de Montes, aseguró que «es el mejor ejemplo de un ministro de Estado proactivo. En cuanto toma conocimiento, toma las decisiones, eleva la información».
Asimismo, deslizó que «fácticamente es imposible que un ministro de Estado tenga conocimiento del detalle de lo que sucede aguas abajo, por eso es que tiene estructuras abajo de él y el jefe de servicio es el subsecretario o la subsecretaria».
