El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Héctor Mery, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de que se declare ilegal la incautación de sus dispositivos electrónicos en el marco del Caso Audio.
La diligencia, realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) la semana pasada, también incluyó al ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa.
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Mery sostiene que la jueza que autorizó la incautación, Daniela Guerrero, incurrió en un error procesal al confundir su calidad de testigo con la de imputado.
Según el escrito presentado por sus abogados, la decisión carece de motivación suficiente y vulnera sus garantías constitucionales, al aplicarse una medida intrusiva sin una base legal adecuada.
ROL DE MERY EN CASO AUDIOS
El Caso Audio se centra en delitos de corrupción, específicamente tráfico de influencias. La Fiscalía de Rancagua investiga conversaciones extraídas del teléfono del abogado Luis Hermosilla, que revelarían presuntas gestiones para favorecer el nombramiento de jueces, fiscales y otros funcionarios del Poder Judicial.
En este contexto, Mery es señalado por su rol como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando, junto a Hermosilla, habría intervenido para favorecer la designación del magistrado Antonio Ulloa.
Los abogados del ministro del TC argumentan que, tras la incautación, intentaron obtener una copia de la solicitud presentada por el fiscal Javier von Bischoffhausen, pero se les negó el acceso bajo el argumento de que Mery sólo era testigo y no contaba con representación legal dentro del sistema del Ministerio Público.
Esta contradicción refuerza, según la defensa, la ilegalidad del procedimiento.
Si el recurso de amparo se acoge, la Corte de Santiago podría declarar nula la diligencia y ordenar la devolución de los dispositivos electrónicos incautados.
Asimismo, cualquier evidencia obtenida de estos aparatos quedaría invalidada para su uso en la investigación. No obstante, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, lo cual representaría un desafío para el Ministerio Público en un proceso importante y con alta relevancia pública.
