El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, elevó el tono frente al cambio de mando y emplazó al futuro Gobierno de José Antonio Kast a respaldar el proyecto oficial para enfrentar la deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas, advirtiendo que si la nueva administración no acoge la propuesta, el 40% más pobre del país terminará pagando íntegramente el alza que comenzará a reflejarse desde abril.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, García sostuvo que el incremento en las cuentas de la luz es inevitable, ya que responde al pago de la deuda generada tras el congelamiento tarifario iniciado en 2019. Según explicó, la discusión ya no pasa por evitar el ajuste, sino por definir quién y cómo lo asumirá.
TARIFA “PLANA Y SOLIDARIA”: UN PROMEDIO, NO UN COBRO FIJO
El ministro defendió el diseño del proyecto, que contempla un cargo promedio mensual de $1.450 durante 48 meses para los clientes residenciales regulados. Aclaró que se trata de una cifra referencial y que cada hogar pagará según su consumo, bajo una lógica de cobro uniforme por kilowatt.
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Además, rechazó que la medida implique subsidios encubiertos hacia las empresas, afirmando que la propuesta separa el pago de los hogares del de los consumidores comerciales e industriales, con el objetivo de impedir que los clientes residenciales terminen financiando a grandes compañías.
SUBSIDIO ESTATAL: EL PUNTO CLAVE PARA PROTEGER A LOS MÁS POBRES
El eje de la advertencia de García se centra en el componente social del plan: un subsidio estatal destinado al 40% más vulnerable, diseñado para evitar que ese segmento cargue con el incremento tarifario.
De acuerdo con el ministro, si el proyecto no se aprueba a tiempo y no se implementa ese subsidio, el ajuste se aplicará de manera directa y sin compensaciones, afectando con mayor fuerza precisamente a quienes el plan busca proteger.
ESCENARIO SIN LEY: COBRO INDIVIDUAL Y MAYOR IMPACTO EN ZONAS RURALES
García alertó que si la iniciativa no avanza antes de abril, entrará en vigor el mecanismo instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que implica que cada cliente pague según la deuda acumulada en su zona.
Bajo ese escenario, sostuvo que las zonas rurales serían las más perjudicadas, debido a que allí se concentra una parte importante del monto pendiente, lo que podría traducirse en alzas más agresivas para hogares con menor capacidad económica.
CRUCE POLÍTICO: CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO Y DUDAS POR FINANCIAMIENTO
Aunque García aseguró que la propuesta es “justa y transparente”, la iniciativa ya enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores. Desde el oficialismo, el senador socialista Juan Luis Castro planteó dudas sobre el impacto real en los consumidores y acusó falta de claridad. En la oposición, el diputado UDI Marco Sulantay calificó el proyecto como complejo y poco comprensible, poniendo en duda su viabilidad financiera.
El ministro respondió afirmando que el plan no genera costo fiscal adicional, ya que el Estado recaudaría más producto del alza y esos recursos permitirían financiar el subsidio.
LA PRESIÓN FINAL: EL PROYECTO QUEDARÁ EN MANOS DEL NUEVO GOBIERNO
García reconoció que el escaso tiempo legislativo hace prácticamente imposible que la iniciativa se apruebe bajo la actual administración, por lo que será la futura ministra Rincón quien deberá tramitarla.
Con ello, el ministro dejó instalada una advertencia política y social: si el proyecto no se impulsa, el ajuste ocurrirá igual, pero sin red de apoyo, y el golpe recaerá con más fuerza sobre el sector más vulnerable del país.
#HoyEsNoticiaCNN | Juan Meriches, director ejecutivo de Asociación de Empresas Eléctricas, por alzas en cuentas de la luz: «Hay un mecanismo definido. Distinto es que el Ejecutivo actual ha hecho una propuesta alternativa»
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— CNN Chile (@CNNChile) February 11, 2026
