El ministro Fernando Rabat, defendió la decisión del Gobierno de firmar 56 decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El secretario de Estado argumentó que las resoluciones se ajustaron a la normativa vigente y respaldó la presentación de proyectos de ley para modificar las reglas que permiten estos beneficios.
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La situación fue revelada por Interferencia y generó críticas desde distintos sectores políticos. De acuerdo con la publicación, de los 56 condenados beneficiados entre marzo y septiembre de este año, 27 cumplían penas por abuso sexual y 29 por violación.
Las solicitudes pasaron por la Comisión de Reducción de Condenas, fueron verificadas por la Seremi y revisadas por la División de Reinserción Social antes de recibir la aprobación del Ministerio de Justicia, mediante decretos firmados “por orden del presidente de la República”.
Ministro Rabat apunta a la irretroactividad de la ley
En un punto de prensa, Rabat explicó que una reforma legal aprobada en febrero de 2022 excluyó a las personas condenadas por delitos sexuales de este tipo de beneficios. Sin embargo, sostuvo que esa disposición no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes fueron condenados bajo una normativa anterior.
“Existe un principio de orden constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado; se le llama principio in dubio pro reo”, señaló.
El ministro Rabat también indicó que existe jurisprudencia que ha acogido recursos de amparo presentados por personas que solicitaron rebajas de condena durante años y cuyas peticiones habían sido rechazadas.
Según explicó, ese escenario jurídico influyó en las decisiones adoptadas por el Ministerio, que debía actuar conforme a la Constitución, la legislación vigente y los criterios establecidos por los tribunales.
Gobierno respalda proyectos para cerrar el vacío legal
Ante las críticas por el cambio de criterio respecto de las solicitudes de rebaja de condenas, el titular de Justicia valoró que parlamentarios de distintos sectores impulsen iniciativas para modificar la normativa.
“Nos parecen también muy relevantes los proyectos de ley que parlamentarios han presentado este último día, puesto que, evidentemente, van a servir para evitar este vacío que arrastra la modificación del año 2022”, afirmó.
Rabat reiteró que el problema está relacionado con la aplicación de la ley en el tiempo y sostuvo que las nuevas propuestas permitirían cerrar un espacio que, a su juicio, quedó abierto tras la reforma de 2022.
Rabat plantea que la solución requiere una reforma legal
Consultado sobre si la decisión de tramitar las rebajas desde el Ministerio, en lugar de dejar el asunto en manos de los tribunales, podía transmitir una señal política equivocada, el secretario de Estado sostuvo que la solución debe abordarse mediante cambios legislativos.
“Eso debiera ser una reforma legal, y por lo tanto, bienvenidos los proyectos de ley que están presentando los parlamentarios”, respondió.
El ministro Rabat insistió en que el artículo 19, número 3, de la Constitución establece principios que deben respetarse en la aplicación de las normas. Por ello, afirmó que el Ministerio actuó conforme al marco jurídico y a la jurisprudencia mayoritaria sobre la materia.
“Hay una norma constitucional, hay una jurisprudencia asentada y, por lo tanto, se actuó en consecuencia”, concluyó.
La controversia por las 56 rebajas de condenas mantiene abierto el debate sobre la legislación aplicable a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y sobre las modificaciones que el Congreso podría impulsar para evitar situaciones similares en el futuro.
